Una compleja situación atraviesa el gobierno de Jeanine Áñez, después de que este miércoles fuera detenido, en medio de una pandemia mundial, su ministro de Salud, Marcelo Navajas.

La propia mandataria debió salir a hablar de la "presunta corrupción" en la compra de 179 ventiladores mecánicos en España, después de verse acorralada por investigaciones periodísticas, hasta la compleja situación procesal de su funcionario.

La compra de estos respiradores se realizó a través de intermediarios, cuestión que terminó cuadruplicando su costo. Por cada uno, se pagaron U$S 28.000, cuando la propia empresa GPA Innova, que los produce, tiene un precio de fábrica de 7.194 dólares.

La adquisición había sido avalada por dos consultores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que había financiado a su vez la operación. Ambos también fueron detenidos.

Quien intermedió en la cuestión, según se supo, fue el cónsul boliviano en Barcelona, David Pareja, y se desconoció la oferta de una importadora local, que le había ofrecido llevar los mismos equipos a 12.500 dólares cada uno.

Cuando se conoció el modelo de los respiradores, varias entidades médicas cuestionaron su utilización en el contexto actual.

José Luis Prieto, presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva de Santa Cruz, consideró que son equipos "muy simples", y "no creo que nos aguante un paciente con COVID-19 crítico en la unidad de terapia intensiva”.

Vía redes sociales, Áñez se comprometió a "no pagar un centavo más" por la compra, y llevar adelante la investigación "caiga quien caiga".

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