Europa prohíbe el ingreso de producción agrícola originada en áreas deforestadas
La reglamentación afecta a la soja, la carne vacuna, la madera, el cacao, el café, el aceite de palma y los derivados de todos ellos; tendrá impacto sobre las exportaciones argentinas y del Mercosur.
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No es una coincidencia la foto de ayer entre Lula y Macron: ambos son enconados opositores a Bolsonaro en el tema del (des)cuidado del amazonas. Y Macron es una de los principales impulsores del endurecimiento en las reglamentaciones que impedirán a los europeos comprar productos provenientes de áreas deforestadas.
Un conjunto de medidas que sin duda comprometen muy directamente al Amazonas y a bastas regiones del norte argentino, que se transformaron en dominio de soja y producción vacuna después del paso de las topadoras.
La Comisión Europea lanzó varias medidas legales que buscan impulsar las políticas medioambientales. La más ambiciosa es la regulación contra la deforestación, que entre 1990 y 2020 se comió en todo el mundo 178 millones de hectáreas de bosques, 10 veces el territorio uruguayo o poco más que la mitad de la superficie continental Argentina.
La norma pretende cerrar el paso al mercado único europeo a los seis productos que más impacto están teniendo en el proceso de degradación (soja, cacao, café, aceite de palma, carne de vaca y madera, y todos sus derivados como chocolate, muebles y cuero) cuando procedan de suelo deforestado después del 31 de diciembre de 2020. Otras dos medidas en el "paquete ambiental europeo" consisten en una regulación sobre el transporte de residuos y el plan sobre la conservación del suelo hasta 2030.
Cada año llegan a la Unión Europea importaciones por valor de unos 60.000 millones de euros de las materias primas afectadas por esta norma o sus derivados. Según calculan en el Ejecutivo comunitario, la medida conllevará una reducción de 31.900 millones de toneladas métricas de carbono cada año y lo que traería asociado un ahorro de 3.200 millones de euros.
Esta es la principal apuesta del Ejecutivo de Ursula von der Leyen, por encima aún de la recuperación económica tras la pandemia, y tiene un gran objetivo: reducir un 55% en 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a los consumo europeos.
“Nuestra regulación responde a la llamada de los ciudadanos a minimizar la contribución europea a la desforestación y busca promover el consumo sostenible”, señaló Frans Timmermans, el vicepresidente de la Comisión encargado de coordinar esta estrategia. “Debemos dejar de exportar polución”, completa el comisario de Medioambiente, Virginijus Sinkevičius.
Es cuanto menos curiosa la inversión de los términos. Europa no exporta contaminación: la importa desde la época colonial, junto con su traza de explotación y miseria en territorios de ultra mar.
La Comisión se basó en investigaciones científicas y recopilación de datos para seleccionar las materias primas señaladas, según los documentos divulgados tras la reunión del Colegio de Comisarios. No obstante, la lista no es definitiva y se realizaría una primera revisión a los cinco años y posteriormente cada tres. Así lo confirmó Sinkevičius cuando se le consultó por qué no se han contemplado otros productos como el caucho.
Acreditación de los exportadores
La Unión Europea exigirá a los importadores que acrediten que estos productos no proceden de ningún territorio deforestado después del 31 de diciembre de 2020, que cumplan con las normas legales del país productor y se sometan a una auditoría en la que se detallarán cuestiones como las coordenadas del área de origen, que permite rastrear si es cierto lo que se alega.
Esta es la segunda “curiosidad” en la norma: si se pretendía medidas ejemplares contra el cambio de uso de suelo, porque limitar la medida hasta el comienzo de 2021, cuando es sabido que, en los últimos 10 años, varios de los países que serán alcanzados por la reglamentación, incluidos Brasil y Argentina, vivieron un proceso intenso de eliminación de superficie boscosa.
Para asegurarse el cumplimiento, las multas serán proporcionales al daño causado y, al mismo tiempo, disuasorias. El piso de la sanción en los casos más graves no podrá bajar del 4% de la facturación y se contempla la incautación de los productos y de lo ingresado, así como la exclusión de la firma operadora de los procesos de contratación pública.