Mientras organismos internacionales se manifiestan pidiendo una investigación independiente sobre la muerte de la niñita Agata Felix de 8 años y cuestionan al gobernador del estado, el vicepresidente Mourao defiende la versión de la policía y cuestiona a la familia.

Unicef Brasil denuncia que Agata, que murió por un balazo durante un operativo de la Policía Militar de Río, es una de las 32 niñas, niños y adolescentes que son asesinados por día en Brasil.

La estadística en Río desde que asumió el gobernador Witzel es aterradora: en los primeros ocho meses del año la policía mató allí a 1239 personas, cinco por día. Witzel ha sido denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA por la ONG Justicia Global, junto con ocho entidades que trabajan en favelas de Río de Janeiro

La CIDH exigió la identificación y definición de las responsabilidades por la muerte de la pequeña alumna. “El estado debe investigar con celeridad, diligentemente, para castigar a los responsables”, dijo la entidad.

Por su parte, Unicef de Brasil declaró en una nota que “apela al compromiso de proteger el derecho a la vida de cada niña y niño, de prevenir los homicidios y de priorizar la investigación de muertes violentas en niños y adolecentes”.

“La muerte de Ágata Félix, asesinada de un balazo durante una acción de la Policía Militar de Rio de Janerio nos revela el dolor profundo de las familias, las sonrisas y sueños interrumpidos de 32 niños y adolescentes asesinados por día en Brasil”, dice la nota divulgada el lunes.

La ONG Justicia Global presentó junto con ocho entidades que actúan en las favelas del estado de Río una denuncia contra el Gobernador Witzel ante la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, la ex presidenta chilena Michele Bachelet. En el texto la entidad afirma que la muerte de la niña esta “directamente relacionada con la bárbara política de seguridad pública conducida por el Gobernador de Río de Janeiro”.

Afirma también la denuncia que “la muerte de la pequeña viene a sumar en la estadística de las 1249 personas muertas por la policía en los 8 primeros meses del año”.

“Un record macabro que este gobierno del estado aparenta ostentar con orgullo. Lamentamos profundamente que el promedio de cinco muertes por día a manos de la policía sea asumida con normalidad por el ejecutivo del estado y por la población. La normalización de la barbarie es el síntoma de una enfermedad enferma”, dice la nota.

El Ministerio Público de Río de Janeiro lamentó la muerte de la pequeña y dijo en una nota que “el uso inapropiado o extra legal de fuerza letal por parte de la policía, cuando es desmedido y frecuente, además de afectar la legitimidad de la institución policial, configura un problema público que debe ser debatido en forma amplia”.

"El Ministerio Público, que detenta el deber consitucional de ejercerl el control externo de la actividad policial, también está atento a la política pública de seguridad que viene siendo adoptada. Por medio de su centro de investigaciones viene elaborando un minucioso estudio sobre el tema para que la actual política de seguridad sea cuidadosamente analizada para que tragedias como esta no se repitan”, dice en su nota.

Amnistía Internacional por su parte declaró que “la responsabilidad del gobernador es prevenir y combatir la violencia con inteligencia tomando en consideración que todas las vidas importan”. “Y no dejar un rastro de víctimas que como Ágata y más de mil personas muertas este año por agentes de la seguridad pública en Río de Janeiro”.

También manifestaron su pesar y preocupación el Gobierno de Río de Janeiro y el Ministro Sergio Moro (Justicia); sin embargo el vicepresidente Mourao, declaró que la versión de la familia sobre el incidente no se corresponde con la realidad de lo sucedido.