La presión institucional contra el presidente Jair Bolsonaro llegó este miércoles a uno de sus picos de tensión luego de que todo el arco político y social opositor presentó un 'superpedido' de juicio político para destituirlo del cargo por haber cometido al menos 23 delitos, incluidos los de no haber reaccionado ante el conocimiento de casos de corrupción con la compra de vacunas contra el coronavirus.

El 'superpedido', como fue bautizado, coincidió con la expulsión de un director de logística del Ministerio de Salud acusado de pedir una coima a una empresa intermediaria de 1 dólar por vacuna AstraZeneca, en una reunión ocurrida en febrero, cuando Brasil comenzaba a vivir la segunda ola de coronavirus.

La presentación realizada en un acto en el Congreso en una inédita unión de izquierdistas y derechistas exbolsonaristas, le pide abrir el juicio político al jefe de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, cercano al presidente y controlador del grupo oficialista conocido como 'Centrao', el dique contra cualquier proceso de destitución.

Exaliados de Bolsonaro como la nueva derecha liberal paulista de los legisladores Kim Kataguiri y Joyce Hasselman se sumaron a la solicitud.

"Queremos un país con decencia y que enfrente la pandemia", dijo Hasselman, del Partido Social Liberal, el mismo por el cual Bolsonaro llegó al poder en 2018.

Firmaron el PT y todos los partidos del arco de izquierda, centroizquierda y algunos dirigentes de derecha, como el exactor porno y exbolsonarista Alexandre Frota, del Partido de la Social Democracia Brasileña, quien apuntala la candidatura presidencial del gobernador de San Pablo, Joao Doria.

Esta semana, Lira había dicho que no existe "clima" para recibir un pedido de juicio político.

El reclamo tendrá como apoyo una movilización de la oposición, la tercera en poco más de 35 días, convocada para el próximo sábado en todo el país.