Uno de los casos de racismo y brutalidad policial que más resonaron este año en Estados Unidos concluyó ayer sólo con un policía imputado por tres cargos de "imprudencia peligrosa" por el allanamiento y posterior tiroteo en el que un grupo de oficiales mataron a Breonna Taylor, una trabajadora de la salud negra que estaba desarmada en su casa.

El oficial que disparó el tiro que mató a Taylor, Myles Cosgrove, no fue imputado por ningún cargo.
"Según la ley en Kentucky, el uso de la fuerza demostrada por (los oficiales) Mattingly y Cosgrove se justifica como forma de defenderse a sí mismos. Esta justificación nos prohíbe imputarlos por delitos criminales vinculados a la muerte de Breonna Taylor", explicó el fiscal general del estado, el dirigente negro Daniel Cameron.

Antes de conocerse la decisión, cerca de los tribunales, en el centro de la ciudad, manifestantes del movimiento Black Lives Matters (Las Vidas Negras Importan) y otras personas, se habían concentrado en un parque.

Ante la posibilidad de una reactivación de las protestas raciales, que presionaron durante meses para que la muerte de Taylor llegue a la Justicia, las autoridades se apuraron a desplegar la Guardia Nacional , cerraron los edificios públicos y declararon un toque de queda.

El 13 de marzo pasado, Taylor estaba en su cama, cuando un grupo de policías derribó la puerta de su casa sin aviso previo en un allanamiento de drogas que terminó sin encontrar pruebas.
El novio de Taylor tenía un arma registrada, creyó que era un robo e hizo un disparo. La Policía respondió con una lluvia de tiros y mató a Taylor, una técnica de medicina de emergencias de 26 años.