"Un juez de paz es un juez de la constitución, pero también es un animador social. La primera cara visible del Poder Judicial de Córdoba".

Así sintetiza Ricardo del Toro, inspector de Justicia de Paz de la Provincia de Córdoba, la tarea que desempeñan los 311 jueces de paz que se despliegan por el territorio cordobés.

En total son 403 las localidades en las que se desempeñan estos funcionarios. Es decir, un 94 por ciento del total de pueblos y comunas con que cuenta la provincia.

Allí cada juez de paz cumple una amplia y variada gama de funciones, todas ellas esenciales, muchas de índole privada. Sus acciones resultan capitales para eventuales procesos judiciales, aunque el objetivo final de su accionar sea evitar tal instancia.

"Intervenimos desde el día en que se inicia un conflicto entre personas. Los vecinos, cuando tienen un problema, lo primero que hacen es acudir al juzgado de paz. Esta es una instancia voluntaria. Yo pongo a disposición la posibilidad gratuita de llegar a un acuerdo", explica Fernando Brunetti, responsable del juzgado de Paz de Quilino.

"Es la persona más cercana que la gente tiene para poder ser guiada o asesorada sobre problemas que tengan en el pueblo. La gente viene por cuestiones familiares o comunitarias y buscan nuestra guía", añade Eliana Juncos, jueza de Paz de San Pedro de Toyos, una comuna de 56 habitantes ubicada en el departamento Ischilín, a 10 kilómetros de Deán Funes.

"El juez ordinario administra justicia a través de la ley, de un código de procedimientos, de la jurisprudencia, de los fallos de superiores tribunales, de organismos internacionales. Pero siempre queda un ganador y un perdedor, un conforme y un disconforme. El juez de paz, si bien tiene todas esas herramientas, tiene que conciliar para que las dos partes del conflicto salgan satisfechas, con un vínculo pacificado", sintetiza Ileana Oliva, jueza de La Calera y Saldán.

Entre las múltipes tareas se destaca la reciente incorporación de facultades para intervenir en casos de violencia de género y en la aplicación del Código de Convivencia Ciudadana. Por ende dicta, en cada pueblo, las medidas que se requieran en la ocasión.

"Somos amigables componedores en cuestiones vecinales y familiares. Juzgamos las faltas del Código de Convivencias. Hacemos de notificadores, ujieres y oficiales de Justicia. Somos delegados del Defensor del Pueblo. Somos jueces electorales. Ejecutamos las órdenes de allanamiento, los secuestros, los embargos", precisa Oliva.

La actividad de los jueces también se adecúa a las realidades de cada región. Quienes se desempeñan en las localidades del noroeste provincial deben encargarse del cumplimiento de la ley 9150, que declara de orden público el saneamiento de los títulos de propiedad.

Además, los funcionarios son los encargados de avalar las actuaciones de la Policía Ambiental en aquellas propiedades privadas en que se registre incendios o desmontes.

Todos estos aspectos se verán reflejados en una nueva edición de Justicia Cerca, una coproducción del Tribunal Superior de Justicia y los SRT.

El programa se emite este viernes desde las 23 por el Canal U, señal 31.2 de la TDA, canal 5 en Cablevisión HD digital y 542 del pack Flow.

La emisión se repite el sábado, desde las 21, y el domingo desde las 17.