Dos paquetes bomba de la misma confección y procedencia fueron enviados este jueves en Santiago de Chile a un cuartel policial en el municipio de Huechuraba y a las oficinas de Quiñenco, uno de los principales grupos económicos del país.

El primer artefacto estalló en la comisaría, dejando ocho carabineros heridos de diversa consideración. El segundo fue identificado antes de que explotara e iba dirigido al gerente legal de la compañía, Rodrigo Hinzpeter, exministro del Interior en el primer Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014). Estos envíos se vienen repitiendo en los últimos dos años.

“Condeno total y absolutamente este cobarde atentado terrorista, porque cada vez que se mata a un carabinero o se trata de matar a muchos carabineros se está atentando contra nuestra democracia y contra la seguridad de todos los chilenos”, ha señalado esta noche Piñera, cuyo Gobierno interpuso una querella invocando la Ley Antiterrorista. El mandatario aprovechó la ocasión para hacer un llamamiento a los parlamentarios para que aprueben un nuevo texto legal en la materia, que “dará muchos más instrumentos y facultades a las policías, los fiscales y los jueces”.

Los paquetes bomba fueron enviados con el mismo remitente a través de Correos de Chile y llegaron a su destino con alrededor de una hora de diferencia. Según el registro de las cámaras de seguridad, fue una empleada de la empresa estatal de envíos la que llevó el artefacto hasta la 54º comisaría de Huechuraba –en la zona norte de Santiago–, pero aún se investiga si estaba al tanto del delito. El estallido provocó fracturas, heridas en extremidades y traumas acústicos a ocho funcionarios policiales. La sede de la empresa Quiñenco en el municipio de Las Condes, en tanto, fue evacuada.

“Lamento profundamente los actos terroristas ocurridos hoy en Chile”, escribió en Twitter el presidente de Quiñenco, Andrónico Luksic, una de las principales fortunas del país. “Chile merece que los culpables de estos cobardes y repudiables actos no queden impunes”, indicó el empresario sobre los atentados que, hasta ahora, no han sido reivindicados por ninguna persona u organización.

En enero de 2017, un artefacto explosivo fue enviado al domicilio del Óscar Landerretche, que se desempeñaba como presidente del directorio de Codelco, la cuprífera estatal. La bomba se activó en la cocina de su hogar y provocó lesiones a una de sus hijas, a una empleada y a él mismo.

A principios de este año, un artefacto explotó en una parada de autobuses del céntrico municipio de Providencia dejando cinco heridos. Y en mayo, el presidente de Metro, Louis de Grange, recibió en su domicilio de Las Condes un paquete enviado por correo. Antes de abrirlo, sin embargo, alertó a Carabineros, que constató que se trataba de una bomba. En este caso, el atentado habría sido reivindicado por una organización que se denominó Individualistas Tendiendo a lo Salvaje.

Tras el atentado contra De Grange, este grupo justificó sus acciones en un comunicado en el que aludía al daño que tanto Codelco como Metro han realizado a la naturaleza en las operaciones mineras.

Según señaló el fiscal metropolitano Sur, Héctor Barros, a cargo de la investigación, ambos elementos "son de la misma confección" y fueron enviados por el mismo remitente a través de la empresa Correos de Chile. "Estamos trabajando con el levantamiento y con las líneas investigativas que tenemos fijadas para este tipo de delitos " aseguró. Asimismo, Barros reconoció que se han reportado otras denuncias por posibles artefactos explosivos en Santiago, pero afirmó que la mayoría se trata de falsas alarmas y que hasta ahora sólo se han confirmado dos casos.