El lunes 28 de junio se llevó a cabo un “abrazo a tribunales I” para pedir justicia por el crimen donde está involucrado Alan Amoedo, el joven que asesinó a Sol Viñolo y Agustín Burgos, y que dejó a Fernanda Guardia con las piernas fracturadas y otras lesiones graves. Y digo “asesinato” porque alguien que maneja en una ruta alcoholizado y drogado (como indican las pericias), y que ya tenía antecedentes de hacer lo mismo, y luego lo repite, mata a dos personas y deja herida a otra, no puede ser considerado un “accidente”, como el Fiscal Tomás Casas lo juzgó días atrás.

El asunto más grave, además de la muerte de los jóvenes, es que este hecho (y la carátula jurídica) se repite a lo largo de nuestra historia: familias que pierden a sus hijos, primos, hermanos y padres como consecuencia de la impericia de una persona que sale sin tener registro del otro (ya sea jugando picadas, haciendo infracciones de tránsito, manejando alcoholizadas o drogadas), y fiscales que las dejan en libertad luego de pedir una fianza determinada. 

Este hecho no constituye un caso aislado, más bien es una recurrencia en distintos puntos de Córdoba y el país. A raíz de este caso, en los últimos días, muchas personas se manifestaron por redes sociales en contra de diversos fallos de la justicia que terminan dejando sin prisión efectiva a las personas que atropellan con sustancias encima, antecedentes y hasta fugas del lugar de los hechos, pudiendo gozar del privilegio de fianzas después de haber asesinado a una o varias personas. Un caso cercano, también en la provincia de Córdoba, fue el de un joven que atropelló a cuatro chicos en la ciudad de Malagueño, en 2019, dejando sin vida a una chica de 17 años y heridos a los otros tres, situación que se suma a otras que se encadenan en la memoria semiótica de un pueblo que cada día evidencia que hay que modificar los mecanismos judiciales.  

Volviendo al caso principal, es importante resaltar que se sumaron, a las marchas y los abrazos llevados adelante en los últimos días, muchísimas personas que con una solidaridad incalculable se movilizaron para pedir justicia, entre ellas se puede destacar a Viviana Alegre, mamá de Facundo Rivera Alegre, conocido como “el rubio del pasaje”, y Soledad Laciar, la mamá de Blas Correas. Dos personas que perdieron a sus hijos de una manera impensada: el primer caso refiere a la desaparición de Facundo a la salida de un baile de cuarteto el 19 de febrero de 2012; a pesar de las movilizaciones y el pedido del esclarecimiento, el joven sigue desaparecido y no hay pistas contundentes. El segundo hace referencia al asesinato de Blas, por parte de policías el 6 de agosto de 2020.

Es interesante reflexionar acerca de cómo las dos mujeres se suman a los reclamos por el crimen de Amoedo. Si bien los tres casos no son iguales, es posible evidenciar un hilo conductor entre la necesidad de justicia, la impunidad y la advertencia de un entramado sospechoso entre el poder político, judicial y la policía, es decir, un entendimiento de que no se trata solo de sus hijos sino de un sistema que repite el mismo mecanismo día a día, haciendo inteligible la necesidad de salir a la calle por otras pérdidas, que se encadenan a las suyas, construyendo un dolor común, una communitas que sale al espacio público para decir basta de injusticia. 

Naturalmente, se evidencian dos situaciones paradójicas propias de una de las ciudades más contradictorias del país: por un lado, casos impunes, mecanismos judiciales arcaicos, desapariciones; por el otro, una ola de solidaridad enorme que construye comunidad a partir de la protesta en el espacio público: son conocidas las enormes movilizaciones populares que se llevaron a cabo en Córdoba, desde la Reforma del ´18, pasando por el Cordobazo (1969), el Viborazo (1971), el Artistazo (1985), el Estudiantazo (2010), entre otras, momentos donde los ciudadanos salieron a la calle para resistir. En este caso, la memoria se reactualiza en el espacio público frente a la injusticia propugnada por el poder judicial, miles de personas que harán lo imposible para decir, una y otra vez, “Justicia para Sol, Agus, Fer, El rubio, Blas y tantos más ¡presentes!”. 

Por último, quisiera volver al título de esta nota que recuerda el libro de la cubana Ileana Diéguez donde estudia la desaparición forzada de Iguala 2014, México, conocida como el “caso Ayotzinapa”. La autora reflexiona sobre la dificultad que tienen las familias de los desaparecidos para poder hacer el duelo, ya que sin cuerpo presente no hay duelo posible, constituyéndose un cuerpo roto, una imagen fantasma. En este sentido, se podría decir lo mismo del caso del Rubio del pasaje, aunque también se podría agregar, sin ser exactamente lo mismo, que sin justicia tampoco hay duelo posible, que la sensación de impunidad y desamparo configuran una herida que no cierra y que necesita de un abrazo colectivo para que al menos deje de sangrar.