No tenían claras las ideas, no tenían un líder ni tampoco un referente en los que pudieran apoyarse. Eran un manojo de nervios protestando y exigiendo mejor calidad de vida, lo cual se traduce en mejor salario.

En diciembre de 2013, los policías de la provincia de Córdoba quisieron conmover al entonces gobernador José Manuel de la Sota y lanzaron una desorganizada protesta sin jamás contemplar las consecuencias reales de esa movida. O, en todo caso, si hubo una mirada a mediano plazo, tampoco se calculó cómo podía afectar a la sociedad.

Hay algunos hombres que participaron de esa revuelta que, en la intimidad, confiesan que nunca creyeron que la medida se llevara a cabo porque entendieron que el Gobierno provincial la iba a detener antes.

Pero eso no pasó. De la Sota justo viajó a una actividad institucional en Colombia cuando el conflicto comenzaba y el teléfono de un viajero lo captó en la escala en Panamá esperando en un asiento y con una bolsita de free shop en la mano. Eso despertó variados comentarios y la oposición (y mucha gente) se hizo un festín en las incipientes redes sociales de la época.

El gobernador apuró su paso para volver pero era demasiado tarde. La Policía estaba acuartelada y la ciudad de Córdoba quedó absolutamente expuesta e indefensa a todos los desmanes que se dieron en esas 48 horas espantosas del 3 y 4 de diciembre.

En realidad pasó de todo y los saqueos fueron moneda corriente en todos los barrios de Córdoba, lo cual quedó plasmado en imágenes deplorables que iban desde carros portando electrodomésticos y comida en barrios marginales, y poderosas camionetas con cargas Premium en barrios acomodados, donde supuestamente sus habitantes tienen mayor educación y por ende mayor respeto. La verdad demostró una vez más que así no son las cosas, o al menos así no se dio en esas duras jornadas.

Con el gobernador todavía ausente y el ministerio de Seguridad desbordado, De la Sota instruyó a su jefe de Gabinete Oscar González para que se hiciera cargo de la situación.

Buscando un interlocutor

González reconoció después que enfrentó un gran problema porque no sabía con quién hablar. Ese movimiento revoltoso e inorgánico no tenía voceros ni mucho menos líderes. Al frente de las quejas estaban las esposas de los policías, pero tampoco sabían qué tenían que negociar.

El desmadre de Córdoba capital seguía y en otras provincias comenzó a temerse por un eventual efecto dominó de las protestas, que si bien se repitió en algunas ciudades ninguna provocó los daños causados en esta capital.

De pronto y cuando casi nadie lo esperaba, los acuartelados designaron un representante legal que posteriormente oficiaría como vocero: Miguel Ángel Ortiz Pellegrini.

Allí el diálogo entre las partes comenzó a tomar forma y González tuvo en el abogado Ortiz Pellegrini un interlocutor. Casi de inmediato regresó el gobernador De la Sota y con el paso de las horas la firma de un acuerdo no fue una quimera, al contrario.

La mayor queja de De la Sota se centró en la “falta de apoyo” de las autoridades nacionales, lo que fue negado en forma tajante por el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Contra Zannini

Lo cierto es que el envío de fuerzas de seguridad a Córdoba para frenar los desmanes nunca llegó, lo cual llevó a De la Sota a profundizar sus críticas a la administración de Cristina. Es más, denunció a través de voceros que mantuvo un diálogo con Carlos Zannini, hombre del entorno inmediato de Cristina, y que éste –tomando distancia del problema- le espetó: “Que los cordobeses se cocinen en su tinta”.

De tal forma, el gobernador abonaba su hipótesis que decía que el acuartelamiento fue auspiciado por el poder central para intervenir Córdoba. Sin embargo, Zannini, ex secretario Legal y Ténico de la Presidencia y cordobés de Villa Nueva, ni siquiera estuvo imputado en la investigación que se inició por este tema. Y los que si fueron acusados en la Justicia, en setiembre de este año recibieron el sobreseimiento. Ellos son Jorge Capitanich (jefe de Gabinete), Cecilia Rodríguez (ministra de Seguridad) y Sergio Berni (secretario de Seguridad).

La Justicia liberó de todas las responsabilidades a los funcionarios nacionales, aunque la gente tomó como válida y cierta la acusación de De la Sota. Y no la olvidó. Se dio un caso claro de condena social.

Allí radica, tal vez, uno de los motivos centrales por el cual históricamente el electorado cordobés sancionó con severidad a todos los candidatos kirchneristas. Apenas si hubo una excepción con Carolina Scotto y luego los malos resultados se repitieron. El kirchnerismo local nunca creció y su techo orilla el 10 por ciento. La denuncia de De la Sota caló hondo, aunque desde luego también  hay otras razones para explicar los repetidos fracasos.

Sin embargo, esta altura de las cosas, casi que no vale centrar lo fundamentos de las derrotas diciendo que se dan porque la sociedad cordobesa es conservadora.