Un presupuesto nacional manifiesta una previsión de ingresos y gastos de un gobierno, pero también evidencia algo más importante: sus prioridades políticas. Desde que se descentralizó la educación en la década de 1990, el 80% de la inversión educativa lo realizan las provincias. No obstante, dentro del 20% que quedó a cargo de la Nación, además de los fondos universitarios, se incluyen recursos clave para orientar políticas comunes a todas las jurisdicciones y reducir las desigualdades interprovinciales.

En 2019, la educación argentina es un 20% más pobre que en 2016; sus recursos pasaron de un 7,1% a un 5,5% del presupuesto nacional. En el caso de las universidades, se observa una tendencia al estancamiento, e incluso al retroceso: hacia 2019 se advierte su descenso real en el orden del 10% en relación con el año 2018.

El rubro infraestructura y equipamiento escolar sufrió una de las mermas más severas: de 9.200 millones de pesos en 2018 pasó a 2.600 millones en 2019. A esta caída se agrega la fuerte subejecución en 2018, que alcanzó al 30% de la partida. Se trata de una estrategia “blanda” de ajuste, marcada por la relativa invisibilidad en la que se desarrolla.

La educación técnica también registra un recorte presupuestario nominal y real, pero de naturaleza muy distinta a los otros, ya que viola la Ley Nº 26.058 que obliga a invertir en ella al menos un 0,2% de los ingresos del Estado. Sus recursos pasaron de 4.900 millones en 2018 a 3.400 millones en 2019; ahora representa sólo el 0,1% de los ingresos públicos.

El nivel inicial también sufrió una poda. Sus fondos en 2019 son, en términos reales, una cuarta parte de lo que fueron en 2017. Además, la subejecución de esta partida finalizado el año 2018 fue del 25% de los fondos disponibles.

El presupuesto para la formación docente, a su vez, es invariable desde 2016: 1.400 millones de pesos. En 2019 representa sólo un tercio de los fondos reales que disponía tres años antes. Aquí se aplicó la estrategia de dejar morir a un programa educativo manteniendo congelado su presupuesto en un contexto inflacionario, una especie de ajuste blando que permite vaciar una política sin pagar el costo político de plasmar esa decisión en el Boletín Oficial. Algo similar ocurrió con las becas, congeladas al mismo monto de 2018, lo que implica un descenso real de, por lo menos, un 32% debido a la inflación.

Distinto es el caso de la educación digital cuya partida sufrió un recorte frontal: en 2019 cuenta con la sexta parte de lo que tenía en 2017 en términos nominales, y la décima parte en términos reales. Otro tanto sucede con los fondos destinados a compensar los salarios docentes en las provincias. Luego de un incremento en 2017, esos recursos descendieron en valor real tanto en 2018 como en 2019. Esta involución puede inscribirse en la estrategia política que también anuló la Paritaria Nacional Docente.

LA INVERSIÓN VIRTUAL

Bajo la consigna “un estudiante, una computadora”, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lanzó en el año 2010 el Programa Conectar Igualdad, a través del cual todos los estudiantes y docentes del nivel Secundario de establecimientos públicos recibían una netbook que podían utilizar en el aula y en sus casas. Sólo en 2015, el año en que menos equipos se distribuyeron durante el kirchnerismo, el Estado entregó 443 mil computadoras, según datos del Ministerio de Hacienda.

El gobierno de Mauricio Macri transformó esa política en el plan Aprender Conectados que, de acuerdo a las explicaciones enunciadas por las autoridades educativas, ponía más énfasis en la conectividad y el equipamiento escolar que en la distribución de computadoras a los alumnos. Bajo esas premisas, en 2018 el gobierno de Cambiemos apenas entregó 50 mil netbooks.

Según un informe desarrollado por el CIPPEC, el presupuesto destinado por la administración de Macri al área digital fue mucho menor que el del kirchnerismo. Mientras que durante el gobierno de Cristina Fernández el año de mayor aporte a esta área fue el 2013, con 16.380 millones de pesos, el mejor período de Cambiemos resultó el 2017, con una inversión de 4.891 millones, casi la cuarta parte. Si, en cambio, se toman los años con menor aporte presupuestario de cada gestión, encontramos que en 2015 el Estado destinó 5.600 millones de pesos, mientras que en 2019 fueron apenas 1.000 millones.

De acuerdo al estudio del CIPPEC, la inversión en educación digital desciende significativamente en 2015, vuelve a caer en 2016, tiene un leve repunte en 2017 y llega al valor más bajo en 2018. Si se ejecutara lo presupuestado para 2019 tal cual como fue aprobado, sería el año con menos recursos destinados al área de los últimos dos gobiernos. El estudio muestra que también hubo un cambio importante en la distribución del presupuesto: si durante el kirchnerismo el mayor peso lo tenía el gasto en bienes de uso (equipos), durante el macrismo crecieron los recursos destinados al personal.

Los argumentos esgrimidos por las autoridades ministeriales para justificar la reducción presupuestaria fueron dos: que el gobierno ahorró costos por modificaciones en el sistema de compra y que por el avance del plan hay una menor necesidad de renovación de equipos. Este último dato contrasta con otra información proporcionada por el propio Ministerio de Educación: solo el 44% del total de estudiantes de escuelas estatales de todo el país goza de conectividad digital.

Nota: Para los años 2012 a 2018 se consideran los datos de ejecución devengada; para el 2018 el devengado al 7 de enero de 2019, y para el 2019 el crédito inicial por la Ley de Presupuesto Nº 27.467/18.

Fuente: CIPPEC, sobre la base de información del Ministerio de Hacienda de la Nación del presupuestoabierto.gob.ar y serie de Índice de Precios al Consumidor IPC-INDEC y ECOLATINA.