Tras cuatro meses de gobierno de Luis Arce, ex Ministro de Economía de Evo Morales, fue detenida por la justicia boliviana la ex presidenta de facto Jeanine Añez, debido a una causa por el golpe de Estado ocurrido contra Morales el 10 de noviembre de 2019.

Si bien, todavía continúa la discusión tanto entre la academia como entre los distintos sectores políticos sobre si efectivamente se trató de un golpe de Estado o más bien de una “crisis institucional”, lo cierto es que para un importante sector de la justicia del país no parece haber dudas. Añez encabezó una interrupción ilegitima del orden constitucional que tuvo graves consecuencias políticas, sociales y económicas para el Estado Plurinacional. Junto a ella fueron detenidos varios de sus ex ministros, todos como parte de la misma causa que investiga actualmente el Poder Judicial. 

Organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo papel en el derrocamiento de Morales no puede soslayarse, manifestaron su preocupación por el futuro de Añez y las garantías procesales del juicio en su contra. El organismo encabezado por el uruguayo Luis Almagro se refirió a una “preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno”. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, en la misma línea, también aseguró que “sigue con preocupación”, los acontecimientos al respecto en el país andino. Al mismo tiempo que “instó” a las autoridades a “defender todos los derechos civiles y las garantías del debido proceso”. 

Con el regreso al poder del Movimiento al Socialismo (MAS), y al país de Morales, se esperaba que la detención de la ex mandataria sucediera tarde o temprano. Tras pasar cerca de 48 horas detenida en una comisaría, el pasado lunes, a Añez le fue dictada, en principio, una prisión de cumplimiento efectivo de cuatro meses. Por ello, fue ingresada en la penitenciaria de La Paz. Los ex ministros de las carteras de Justicia, Álvaro Coimbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, también fueron trasladados al penal de San Pedro, ubicado en la capital del país. Los delitos concretos de los que se los acusa son “sedición, terrorismo y conspiración”, la fiscalía había solicitado seis meses de prisión preventiva debido al riesgo de fuga o entorpecimiento a la investigación. La intención del gobierno es buscar una condena “ejemplar” para los participantes e impulsores del golpe de Estado de 2019. La pena máxima puede llegar a alcanzar hasta los 30 años de prisión efectiva. 

Algunos analistas, recientemente hablaron incluso del peligro que esto pueda llegar a ser un nuevo “lawfare” pero “de izquierda”. Más allá de estos temores, no hay dudas de que la asunción de la ex senadora se produjo sorteando todos los mecanismos constitucionales, en un contexto, además, extremadamente agresivo contra los dirigentes, militantes y simpatizantes del entonces recién derrocado MAS. Durante el gobierno de facto se llevaron adelante investigaciones judiciales, imputaciones y pedidos de prisión contra todo tipo de dirigentes del gobierno caído. Muchos de ellos, comenzando por el propio Evo Morales, debieron exiliarse para evitar la prisión, o quizás, un destino peor. 

El proceso es, además, un gesto a las bases más duras del MAS, que venían acusando al gobierno de “blando”. Mientras que puede llegar a caer mal en sectores de la sociedad que reclaman bajar los niveles de la polarización. De acuerdo a las voces cercanas al oficialismo, Añez tendrá todas las garantías constitucionales del debido proceso. Esto sucede en el marco de un gobierno electo por el voto popular y un Poder Judicial funcionando de acuerdo a los parámetros de las leyes bolivianas. El tiempo y los jueces decidirán el destino de la ex presidenta de facto en el mediano plazo.

Por lo pronto, el pueblo boliviano ya juzgó y emitió sentencia sobre su actuación pública hace tiempo.