El anuncio del presidente Alberto Fernández sobre las medidas a tomar en la ciudad de Rosario no ha hecho otra cosa que contradecir casi todo lo que el ministro del área de seguridad se había encargado hace pocos días de manifestar —de mal modo y por momentos de forma muy grosera— a los periodistas que intentaron preguntarle sobre el tema. Partiendo de la frase “los narcos ganaron”, a justificar luego la presencia de Gendarmería Nacional como más que suficiente —confundiendo la cantidad de efectivos con que cuenta la Región II de Gendarmería, con la cantidad de personal presente en Rosario y afectada exclusivamente a la seguridad de esa ciudad— no ha generado otra cosa que un ida y vuelta verbal muy confuso. 

Por ese motivo y para ser justos y precisos, el presidente Fernández en sus anuncios relacionados a la seguridad en la Provincia de Santa Fe, no ha hecho otra cosa que contradecir pero sólo en parte lo que el zigzagueante y odioso ministro Fernández ha manifestado en estos días; un funcionario con el que pareciera no hay forma de comunicarse, más que aceptando sus desplantes y maltratos, o lo que él quiera imponer según el humor que tenga en el momento. 

Pero tanto nerviosismo tiene un fundamento. Tanto en Córdoba como en Santa Fe y Buenos Aires, las crisis de seguridad parecen no admitir más soluciones semánticas de parte de los responsables políticos. Porque son soluciones verbales a un problema que hiere, diaria y dolorosamente, a todas las personas que la padecen, no en el mundo de las palabras sino en el mundo de los hechos. La respuesta verbal al delito son pretendidas soluciones que muchas veces se transforman en verdaderas provocaciones. Y parece que se ha llegado a un límite de tolerancia social. 

Decimos esto porque observamos cómo se insiste, una y otra vez, en reforzar posiciones que intentan construir y hacer sólida una realidad virtual que solo agrada a ciertos funcionarios; un holograma sostenido solo en estadísticas y cifras incomprobables, pero que además y aun no siendo así —admitiéndose la realidad de que son científicas, válidas y verdaderas— terminan constituyendo una abierta provocación para la persona a la que acaban de robarle el celular o al que llora la pérdida de todos sus bienes en un robo; bienes que seguramente logró adquirir durante años de muchísimo esfuerzo, y que perdió en un abrir y cerrar de ojos. Ni hablar si la pérdida se refiere a vidas humanas. Porque ahí la conducta de exhibicionismo estadístico se convierte casi en un acto de abierta promoción a la rebelión cívica. 

En modo alguno queremos abogar por un trabajo poco serio en materia de seguridad que deseche las estadísticas y el análisis de datos. Eso debe quedar absolutamente claro. Sabemos que un estudio profundo requiere y exige el diagnóstico y el seguimiento, basado en la recolección y análisis de información; y constituye la base imprescindible para una tarea que pretenda ser tomada como mínimamente seria en materia de seguridad. Pero las cifras y los datos, como veremos a continuación, tienen que estar relacionados a cuestiones concretas que tiendan a solucionar realmente el problema de la inseguridad, y no a justificar y encubrir tanta falta de pericia relacionada al tema. 

Desconocimiento o mala fe, que paradójicamente, muchas veces queda claramente expuesta cuando se analizan en profundidad esos números y esos datos.

Narcopolicía

Nos tocó observar de cerca la Policía de Santa Fe durante muchos años, esa estructura de seguridad que hoy es la decana de las policías provinciales en lo que a corrupción se refiere. Pero como (todavía) era “manejable”, se hizo oídos sordos a una realidad que todos veían, a pesar de que se denunció abiertamente la situación a sus autoridades políticas. El gobierno provincial de Santa Fe, y luego de cuatro ministros, tras cuatro intentos por izquierda, centro y derecha, y luego de probar con académicos que supuestamente sabían lo que hacían; duros que supuestamente sabían lo que hacían, e intentar probar con más duros que supuestamente sabían y saben lo que hacen, ese mismo poder político, hoy mismo, no sabe cómo hacer para sortear una crisis terminal en materia de seguridad y una posible debacle electoral ocasionada por el fenómeno de la violencia en Rosario.

Una situación que tiene tres claros responsables: en primer lugar, la Policía de la Provincia de Santa Fe, una fuerza policial tan mañosa como corrupta e ineficiente, que durante años, primero se asoció y luego extorsionó al poder político, sin que este hiciera demasiado para evitarlo. En segundo lugar, los sucesivos gobiernos provinciales de los últimos veinte años, que intentaron precisamente con discursos, hacer creer que la realidad no era la que se percibía. Y en tercer lugar, un poder judicial, provincial y federal, absolutamente desbordados y totalmente ineficientes, sin personal ni recursos.

También me tocó investigar alguna de las violentísimas masacres que habitualmente se producen en Rosario. Y fue desolador comprobar que la fiscal de instrucción a cargo de la causa, solo tenía una empleada y una pasante no rentada, que por la mañana le ayudaba unas horas y por la tarde cumplía tareas en un estudio jurídico privado, para ganarse unos pesos. Pero más desolador aún fue comprobar, en una escucha telefónica dispuesta por la justicia, cómo un jefe narco insultaba de una manera brutal a un comisario de la Policía de la Provincia de Santa Fe en funciones, porque habían detenido a su hijo. Y él, el comisario —“a pesar de lo que se le pagaba”— aún no había hecho nada para liberarlo.

Parecía una escena de maltrato laboral extremo, dónde el patrón insultaba de un modo increíblemente penoso a un pobre empleado. Pero se trataba de un narco que maltrataba abiertamente a un comisario corrupto, que cobraba un sueldo paralelo y que no había hecho todo lo que el narco necesitaba o esperaba que hiciera. Tal el estado terminal de la Policía de la Provincia de Santa Fe, que aún hoy continúa haciendo daño con su lamentable existencia institucional, merced a la falta de decisión política de tantas malas gestiones de seguridad provinciales.

Comparando números

Como decíamos antes, muchas veces los números y los datos, lejos de justificar una decisión, pueden exponer el desconocimiento explícito sobre la materia. Y si analizamos en detalle las medidas anunciadas por el presidente de la Nación, advertimos que incluyen la asignación de 1400 gendarmes para la ciudad de Rosario. Para saber cuántos efectivos se van a sumar realmente, hay que dividir ese número en tres partes, es decir contemplando el trabajo y el descanso del personal que ha sido afectado al operativo. Tenemos entonces que diariamente, se sumarían 466 gendarmes a la seguridad rosarina. A eso hay que descontarle los efectivos que se desempeñan en tareas logísticas, necesarias e imprescindibles para llevar adelante la función de seguridad. Y conociendo el paño, contaría uno por uno la cantidad de efectivos anunciados, ya que tanto a la Dirección Nacional de Gendarmería como al poder político se le suele quedar alguno que otro gendarme en el camino. Como sea, estamos hablando de que se sumarían como fuerza efectiva, poco más de 400 gendarmes diarios a la seguridad rosarina, sin contar carpetas médicas y/o sumarios administrativos.

Este número podemos compararlo con el que resulta de otro operativo que tuvo similares objetivos. Y para eso traemos al recuerdo al Operativo Unidad Cinturón Sur, implementado exclusivamente con personal de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina en el año 2011, y que ha sido por lejos el más aprobado por la gente; y ha tenido un éxito que le ha permitido trascender varias gestiones de gobierno, desde finales de la primera gestión de CFK hasta la gestión actual de Alberto Fernández, pasando por el mandato del ex presidente Mauricio Macri. En materia de operativos de seguridad, ha sido la única política de estado que ha trascendido varias gestiones presidenciales.

El Operativo Unidad Cinturón Sur inicialmente contaba con 2500 efectivos, número que se elevó a los pocos meses a 3200 uniformados; una cifra que está muy lejos de los 1400 efectivos anunciados por el presidente de la Nación. Pero hay más. El Operativo Unidad Cinturón Sur estaba dirigido a la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la zona más olvidada y relegada por las distintas gestiones de los sucesivos gobiernos porteños; y el lugar con mayores índices delictivos por aquellos años.

Cubría dos Comunas, la Comuna 4 y la Comuna 8; abarcando poco más de 8 barrios porteños: La Boca, Barracas y Parque Patricios, por un lado, cubierto por Prefectura Naval Argentina. Y por otro, se extendía por los barrios de Pompeya, parte de Boedo y Parque Chacabuco, Bajo Flores, Villa Soldati y la parte más crítica de Villa Lugano, sector a cargo de Gendarmería Nacional. Territorialmente, abarcaba aproximadamente una quinta parte del territorio de CABA, unos 44 kilómetros cuadrados.

Los datos de población afirman que la Comuna 4 cuenta actualmente con 230.945 habitantes, y la Comuna 8 con 204.653 habitantes. Por aquellos años, y con los barrios incorporados dentro del Decreto que establecía Cinturón Sur y que no pertenecían a estas Comunas, en el espacio geográfico cubierto por el despliegue de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina estaba poblado por aproximadamente 430.00 personas, que vivían, trabajaban y estudiaban en uno de los lugares con mayores índices de criminalidad de la Argentina. Pero hay dos datos más y que estimamos centrales comparar. El primero de ellos está referido a que el Decreto 864/2011 que implementó Cinturón Sur, establecía la redistribución del personal de la Policía Federal Argentina presente en esos barrios. Explicado en términos simples, se los sacaba de la zona. Literalmente se expulsó a todos los integrantes de la Policía Federal Argentina de las calles de esas Comunas, porque se consideraba a estos policías como parte esencial del problema de inseguridad: muchas veces se habla del delito y la delincuencia sin tener en cuenta que son las mismas estructuras policiales las que sostienen y garantizan el funcionamiento del sistema de inseguridad que dicen combatir. Y que, por complicidad o ignorancia, el poder político ha naturalizado la necesidad de mantener la existencia de ciertas organizaciones policiales, que no solo no aportan ningún tipo de solución, sino que en ocasiones están abiertamente asociadas o directamente gerenciando el delito.

El segundo dato a comparar, es que el Operativo Cinturón Sur tenía un responsable político-operativo, no un responsable de las fuerzas. Claro que Gendarmería y Prefectura tienen un prestigio ganado en relación a las instituciones policiales del resto del país. Pero si se los controlaba —y de cerca— claramente iban a ser mejores. Porque en ningún momento hay que olvidar el enorme poder de corrupción de ciertas estructuras delictivas que podemos encontrar, tanto en CABA como en Rosario o Córdoba. Pero también debe aceptarse que son fuerzas muy permeables a los discursos de mano dura, que mas temprano que tarde, terminan trayendo más problemas que soluciones. Por lo tanto extremar los controles cruzados de los efectivos que participaban de Cinturón Sur fue algo imprescindible para garantizar la eficiencia que las fuerzas, y que lejos de dedicarse a resolver el problema de inseguridad, lo agraven.

Vox Populi, Vox Dei

Al mismo tiempo el responsable operativo era fuertemente controlado por las organizaciones barriales, que tenían una presencia muy activa en cada una de las comunas. No eran simples cadenas de WhatsApp y alguna que otra reunión ocasional de acceso restringido, como las que se suelen pregonar, por ejemplo, en Córdoba. Eran verdaderas asambleas de vecinos, abiertas y periódicas —se realizaban todos los meses, regularmente, pero en algunos casos se realizaban reuniones semanales— dónde se debía rendir examen de todo el accionar de las dos fuerzas federales desplegadas en el territorio, ante sus principales destinatarios que eran los vecinos.

Eran instancias que no resultaban nada fáciles ni placenteras para los integrantes de las fuerzas, habituadas a no dar cuenta a nadie que no perteneciera como ellos, a Gendarmería o Prefectura. Porque además en esos espacios no había posibilidad ni de disimular ni de dibujar números. En las asambleas no había cifra negra del delito, ni excusas para no actuar, ni estadísticas que contradigan lo que sienten los vecinos en la calle. Era la realidad misma y viva de la seguridad, algo que insistimos, fue tal vez uno de los aspectos más difíciles de asimilar tanto para prefectos como para gendarmes.

Y no solo eso: había sectores perfectamente delimitados, dónde sus responsables -oficiales jefes y superiores- eran públicos y conocidos. Y todos sabían perfectamente que la aprobación de los vecinos promovía sus carreras. Y el malestar producido por el aumento de los índices delictivos los llevaba inexorablemente a su retiro. Así de simple.

Sobre movilidad y seguridad

Y no solo eso: había sectores perfectamente delimitados, dónde sus responsables -oficiales jefes y superiores- eran públicos y conocidos. Y todos sabían perfectamente que la aprobación de los vecinos promovía sus carreras. Y el malestar producido por el aumento de los índices delictivos los llevaba inexorablemente a su retiro. Así de simple.

En lo que respecta a los recursos humanos, hay que aclarar que no todos los efectivos afectados a Cinturón Sur, hacían tareas de patrullaje, sino que tanto Gendarmería como Prefectura destinaron personal a integrar grupos de inteligencia criminal que tenían por objetivo exclusivo, desbaratar bandas narcos. No solo narcomenudeo, sino también y principalmente, estructuras criminales que operaban en los barrios. Claramente, tantos los delitos contra la propiedad como los relacionados al narcotráfico y las microviolencias urbanas, los hechos que más aflicción y alarma generan en los vecinos, se vieron seriamente afectados y tuvieron que mutar o migrar de manera obligatoria.

Política de estado Vs. Improvisación de coyuntura

Si tenemos en cuenta todos los datos arriba mencionados y advertimos que según el último censo la ciudad de Rosario tiene 1.342.619 habitantes, distribuidos en 179 kilómetros cuadrados; —aclarando que en esta cifra no se incluye el Área Metropolitana Rosario, que en total asciende a casi 1.7 millones de personas— comprendemos que los pocos más de 400 gendarmes diarios están muy lejos de poder brindar una solución al urgente problema de la seguridad en Rosario, del mismo modo que lo hizo el Plan Cinturón Sur en CABA, con más del doble de efectivos y menos de un tercio de población en la zona asignada; que por otra parte estaban distribuidos en un territorio equivalente a una cuarta parte de la ciudad de Rosario, si es que se excluye el inmenso y problemático Gran Rosario.

Pero si a eso se suma que no se han hecho anuncios sobre los vitales recursos de movilidad del personal afectado al dispositivo de seguridad; que seguramente la fuerza va a depender de un gendarme con jerarquía de comandante mayor en el mejor de los casos; que la Policía de la Provincia de Santa Fe seguirá intacta, haciendo como que cuida a los vecinos y se interesa por la seguridad, mientras administra escandalosa y públicamente el delito; con la agravante de que ni el ministro provincial es ajeno a las fuerzas, sino que tras cuatro fracasos, su responsable político es un gendarme retirado que lejos de proponer un cambio radical, solo parece intenta reformas de una estructura policial absolutamente ineficiente y atravesada por la corrupción.

Y si a todo ello se le agrega que las 600 cámaras anunciadas por el presidente de la Nación van a estar operativas dentro de varios meses con mucha suerte; y que la sede de la Unidad de Investigación Financiera que se asignará a Rosario, tardará en llegar, y cuándo lo haga demorará meses o años en encontrar algún lavador de dinero; y si consideramos que un grupo de efectivos del arma de Ingenieros del Ejército Argentino se dedicará a inciertas tareas de urbanización, y que por no poder cumplir tareas de seguridad interior muy posiblemente tendrán que ser custodiados por parte de los mismos gendarmes enviados, nos quedan solo dos cosas por decir: primero, que el anuncio hecho por el presidente de la Nación está destinado a un fracaso rotundo, y se suma a la lista de fracasos de otros operativos en Rosario anunciados con más pompa que planificación, ligados a los “hombres” que supuestamente “saben” de seguridad dentro de la coalición gobernante, como Sergio Berni, que no ha hecho otra cosa que cosechar fracaso tras fracaso y vergüenza tras vergüenza en materia de seguridad.

Y en segundo lugar, y conforme los datos brindados anteriormente, sería muy apropiado ir consiguiendo un grupo de seguridad privada para custodiar a toda esta pobre gente recientemente asignada a Rosario, porque muy pronto van a quedar a merced de la tremenda inseguridad que azota las grandes ciudades de la República Argentina.

Pensando un cinturón sur Rosario

Una estimación mínima de recursos humanos para comenzar un despliegue serio que garantice una política de seguridad realista y eficiente en las zonas más violentas de la ciudad de Rosario, estimativamente ronda entre 8000 y 10.000 efectivos de fuerzas federales —Gendarmería y Prefectura— para una primera fase, dotados con recursos de movilidad y comunicación proporcionales a los que disponían en el Operativo Unidad Cinturón Sur, y en el marco de un plan gradual y perfectamente delineado, con férreo control político en lo operativo.

Pero la seriedad de un plan también implica, literalmente, sacar a los integrantes de la Policía de la Provincia de Santa Fe de las zonas de la ciudad de Rosario en las que vayan ingresando las fuerzas federales, hasta lograr su retiro definitivo de la ciudad. De lo contrario, sería convivir operativamente con las estructuras delictivas que hoy azotan la ciudad. También es necesario un apoyo decidido y honesto del Poder Judicial, que debe asumir la responsabilidad que también le cabe en este desmadre. Y un sistema penitenciario provincial que intente no parecerse tanto a una asociación ilícita.

Seguramente desde un sector político próximo al oficialismo, muchos dirán que esos números y estos requerimientos son imposibles de lograr. Y que es imposible prescindir de una fuerza policial, por más corrupta y deslegitimada que esté. Desde otro sector político y en plena campaña electoral, se dirá que justamente es esto lo que llevarán adelante, inclusive con mayor potencia; aunque extrañamente nunca antes lo habían detallado. Pero cuándo nos detenemos en sus trayectorias encontramos que estos sectores siempre estuvieron asociadas a determinadas estructuras policiales. Y tras gobernar por años, no solo no se animaron a romper con las organizaciones de poder tradicionalmente vinculadas a la seguridad, sino que recibieron con los brazos abiertos a los integrantes de una Policía Federal totalmente ineficiente y corrupta, deslegitimados justamente por una realidad que impuso la necesidad de Cinturón Sur. Operativo que paradójicamente tuvo que acudir en auxilio de una fuerza casi testimonial en el sur de la ciudad de Buenos Aires, como era y en muchos casos sigue siendo la Policía Metropolitana, algo que muchos convenientemente han olvidado.

Pero eso no llama la atención. Porque sus aparatos de seguridad en algunos casos han estado a cargo de ministros tan corruptos que harían ruborizar al narco rosarino con mayor prontuario. Y por eso mismo preocupa el excesivo interés de algunos candidatos en hacerse cargo de la seguridad de la ciudad de Rosario en el futuro, y que incluso han prometido instalarse en la ciudad, algo que lejos de ser un alivio constituye por momentos una realidad preocupante.

Muchos de estos argumentos, por izquierda o por derecha, se escucharon al conocerse el plan Unidad Cinturón Sur. Y tal vez tengan razón, especialmente si no se parte de un análisis serio, de un planeamiento operativo y realista; y sobre todo si no hay decisión política de avanzar abiertamente contra la inseguridad. En ese caso sí podemos tildar todo esto de imposible o absurdo. O mentir que se quiere lograr mucho más, cuándo se intenta esconder no solo gestiones de seguridad tan lamentables como ineficientes, al mismo tiempo que se va por enormes cajas que pueden resultar no de gestionar la seguridad sino de gerenciar el delito.

En cualquier caso, entendemos que lo único que queda es avanzar, contra viento y marea, como se hizo con aquel lejano pero siempre vigente Operativo Unidad Cinturón Sur. O seguir escuchando anuncios y promesas, pero sobre todo justificaciones y excusas, que increíblemente son planificadas antes que los mismos operativos, simplemente porque de antemano se conoce que están destinados al fracaso.

Aunque en ese caso habrá que asumir que no nos queda otra posibilidad que lo profetizado justamente por el poeta santafesino: hacer algo, o sentarnos a mirar como todo se quema.