Todo era teoría hasta que se implementó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Leíamos sobre Renta Básica Universal o sobre Ingreso Ciudadano y nos sonaba lejano, abstracto, ajeno a la estatalidad local: “¿Cómo es eso de realizar transferencias monetarias a buena parte de la Población Económicamente Activa (PEA)? ¿Es viable?”, nos preguntábamos. Anotábamos los dichos de especialistas que explicaban que para implementar una política social de esas características antes, si o si, debía haber una reforma tributaria. Escuchábamos a otros más escépticos que pronosticaban que el esfuerzo operativo que iba a tener que realizar el Estado para llegar a todo el territorio nacional iba a ser descomunal y se iban a desproteger otras políticas. Todo era escollo e imposibilidad. “No hay forma”, concluíamos.

Pero el IFE se implementó apenas en un mes y medio (contando desde su anuncio oficial hasta el comienzo del primer pago en Mayo), tuvo dificultades iniciales pero llegó efectivamente a 8.9 millones de personas y se sostiene hace 4 meses sin haber mediado anteriormente una reforma tributaria (se financió con emisión y no hubo escalada inflacionaria). Del dicho al hecho había menos trecho. Los imaginarios sobre la política pública tienen más vigor cuando pueden apoyarse sobre experiencias concretas. El IFE se convirtió en eso: un punto de referencia desde el cual diseñar políticas sociales de ahora en adelante. Como dice el politólogo Javier Moreira, es una precisa radiografía de la precariedad laboral en Argentina, que muestra tres realidades que conocíamos superficialmente, pero que ahora quedaron expuestas de manera indisimulable: 1. Un núcleo duro de informalidad laboral que no se reduce ni siquiera en las épocas de mayor expansión económica; 2. Los altos niveles de fragilidad socioeconómica de la población que va desde los 18 a los 34 años (61,4% de los beneficiarios/as del IFE); y 3. Las enormes asimetrías materiales que hay entre las distintas provincias argentinas (el NEA y el NOA proporcionalmente tuvieron más inscriptos al programa que el resto). ¿Qué haremos con esa radiografía? 

Siempre que aparece la palabra “universal” para discutir estos temas, rápidamente se piensa en la totalidad de la PEA. Ese es un primer error ya que ninguna de las experiencias que existen en el mundo de transferencias estatales de este tipo son abarcativas de la totalidad de personas que se encuentren en condiciones de trabajar. Siempre se define una población objetivo con más o menos alcance. Más riguroso es pensar en los contextos sociales de cada región y en las capacidades estatales que tiene cada país para instrumentar políticas de estas características. Preguntarse: ¿Qué hace falta acá? El IFE significó, en ese sentido, una forma de universalismo situado. Impactó positivamente en la realidad de sectores que son muy heterogéneos, que habitan en situaciones de precariedad pero disímiles entre sí, que transitan territorios distintos, que se ganan el mango de múltiples maneras a diario. Universos complejos y diferenciados, aglutinados bajo una misma política social que les brindó un nuevo piso material nuevo para sostenerse. Universalismo situado. 

Un punto que resulta central destacar en relación a esto último, es que el IFE no sustituyó el trabajo. Ninguno de sus beneficiarios/as dejó de construir estrategias propias de generación de ingresos por el cobro de los 10 mil pesos (¿Quién puede vivir con ese monto en la Argentina actual?). Lo que tuvo lugar, más bien, fue un ensamble de ingresos: lo generado por cada persona fruto de su trabajo, sumado a ese pequeño monto transferido desde el Estado. El IFE entonces, lejos de reemplazar prácticas laborales, lo que logró fue sacarle la soga del cuello a 9 millones de argentinos que trabajan a destajo pero que apenas logran juntar lo mínimo para subsistir. 

Por todo esto creemos que esta política puede virar desde la emergencia hacia un estado permanente y flexible de Salario Universal. Decimos “Salario” y no “Renta” o “Ingreso”, porque lo que hace el Estado es reconocer (y reparar) lo que ya ocurría de hecho: todas esas personas son trabajadores que crean valor y comunidad en los márgenes del cada vez más estrecho mercado laboral clásico. Establecer un nuevo piso material para esa población golpeada de la Argentina no significa solamente atender a una cuestión económica, representa, sobre todo, un fortalecimiento inédito de nuestro sistema democrático. Una elección por la igualdad.  

*Miguel Magnasco – Investigador en IIFAP/FCS - UNC