Recientemente, dos diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner y Carlos Heller, presentaron un proyecto de ley que propone un aporte extraordinario y solidario para las grandes fortunas.

La iniciativa, que será debatida en el Congreso, fue rápidamente rechazada por la oposición de Juntos por el Cambio, alianza que profundiza así la línea “agonal” que su ala dura ya había tomado respecto al decreto de necesidad y urgencia (DNU) referido a las telecomunicaciones. Se trata de un tema que muchas consultoras han medido desde marzo, cuando la pandemia llegó al país y la región.

Según las encuestas de Celag, en Argentina 76,2% de los electores están de acuerdo con un gravamen extra a las grandes fortunas como medida frente al Covid-19, mientras que 21,4% está en desacuerdo (la medición se realizó en nuestro país en mayo). En Chile y Ecuador la tendencia es muy similar a la nacional, con diferencias estadísticamente no significativas, mientras que en México y Bolivia el acuerdo ronda el 65% y el desacuerdo el 30% (gráfico arriba).

En el mismo mes, la consultora Zuban Córdoba & Asociados detectó un acuerdo acumulado del 78,2% con el concepto de un aporte extraordinario por parte de los millonarios, mientras que un 20,2% se mostraba poco o nada de acuerdo (gráfico abajo).

 

También en mayo, la consultora Analogías reportó en nuestro país un acuerdo similar con un concepto aún más amplio: 75% estaba de acuerdo con cobrar todos los años un impuesto anual a las 10 mil personas más ricas de Argentina, apoyo que era transversal por género, edad y nivel educativo, mientras que 19,1% se mostraba en desacuerdo (gráfico abajo).

 

 

Según la misma consultora, ese acuerdo trepaba a casi el 82% si el impuesto se focalizaba en las 1.000 personas más ricas del país y se destinaba a atender la emergencia generada por la pandemia; en ese caso, el desacuerdo apenas rozaba el 14% (gráfico abajo).

 

 

Analogías también midió el tema en su estudio más reciente, cerrado el 5 de septiembre: para casi el 60% de los electores argentinos el tributo que afectaría a unos 12 mil millonarios debería cobrarse todos los años, mientras que 27,2% se muestra en contra de esa idea (gráfico abajo).

 

 

De todos modos, si hacemos foco en las tres mediciones comparables de manera lineal que sondean las tendencias en torno a un aporte de carácter extraordinario sobre un grupo minoritario de grandes fortunas, ricos o millonarios por única vez en el marco de la pandemia, el promedio de acuerdo a nivel nacional es de 78,7% mientras que el desacuerdo es de 18,4%: esto pone de manifiesto un contundente aval a la iniciativa en todo el país.

 

 

Ese aval también se confirma en la medición de la consultora Clivajes realizada a fines de agosto: el 73,95% estuvo de acuerdo en avanzar con ese proyecto, lo cual sitúa el acuerdo en un orden de magnitud que alcanza a 3 de 4 cuatro electores en todo el país (gráfico arriba).

 

 

¿Qué sucede en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el conglomerado de mayor visibilidad mediática y con mayor “ruido” opositor? En julio pasado, la medición de Clivajes allí arrojó un acuerdo de 79,53% respecto al impuesto extraordinario a la riqueza contra un desacuerdo de apenas 15,71% (gráfico arriba).

 

 

Por su parte, la medición realizada también en AMBA por la consultora Circuitos en agosto detectó un acuerdo de casi 59% contra un desacuerdo de 31,3% (gráfico arriba).

Haciendo un promedio de ambas mediciones en ese conglomerado obtenemos un acuerdo de 69% y un desacuerdo de 23,5%, lo cual confirma que incluso en la “vidriera” del país la iniciativa tiene un apoyo mayoritario.

En síntesis, el cruce de datos arroja un claro aval a la propuesta de una contribución extraordinaria para los más ricos en el marco de la pandemia y pone en evidencia que, al igual que sucedió con el DNU referido a las telecomunicaciones, el rechazo de Juntos por el Cambio es una causa minoritaria. Para más datos, la posición de esa alianza no sólo está a contramano del consenso en el AMBA, a nivel país y en Latinoamérica, sino que además pierde de vista que el contexto sanitario ha favorecido la presentación de propuestas similares en toda la región y también en Europa (gráfico abajo).

 

 

Así, la actitud de Juntos por el Cambio, abrazando consignas impopulares y reclamando condiciones no razonables para sesionar en pandemia ya resulta obstruccionista: lejos de fortalecer el debate, disputa agenda con minorías intensas a la vez que reaccionarias, alejándose de un centro político que reclama moderación.