El arraigo rural y la soberanía alimentaria, desafíos de un movimiento que cumple 20 años
El pasado 12, 13 y 14 de noviembre el MCC realizó su Congreso Provincial para poder retomar los principios de lucha que hace más de 20 años supo construir colectivamente con comunidades y parajes rurales del arco noroeste Córdoba. Con la participación de 370 delegados y delegadas, el Congreso se realizó en Villa de las Rosas, Traslasierra, Córdoba. Esta actividad cerró el lunes 14 con una histórica movilización por las calles de la ciudad de Villa Dolores en el oeste provincial, con la soberanía alimentaria y el arraigo rural como bandera.
Estamos asistiendo a una crisis alimentaria y ambiental que nos atraviesa como humanidad, que tiene entre sus principales causas el avance del capital financiero sobre la producción agropecuaria, la concentración como fenómeno en todos los eslabones de la cadena de los alimentos y la especulación como moneda de cambio en el mundo agropecuario. El agronegocio parece ser la única posibilidad de pensar lo agrario. Solo unas pocas empresas se han enriquecido a costa de la destrucción de nuestros bienes naturales, el desalojo de millones de familias del campo y el aumento desmedido de los precios de los alimentos. Este modelo de producción ha fracasado y es urgente su transformación profunda. No podemos esperar soluciones de quienes nos han llevado hasta aquí. Córdoba no es ajena a esta crisis y el Gobierno de la provincia la profundiza con políticas diferenciales para el campo rico y exportador del sur provincial. Tras cartón y como desde hace décadas ocurre, la pobreza crece en las periferias de nuestros pueblos y ciudades.
Ante este escenario, no hay dudas: las familias campesinas y trabajadoras en los pueblos son y serán parte de la solución en la medida que se les reconozca como productores y productoras; y se fortalezcan las unidades productivas, y las experiencias de distribución y comercialización de alimentos que se vienen desarrollando de manera organizada desde hace años. La agenda de la agricultura familiar campesina indígena sigue demandando con urgencia la necesidad de políticas públicas integrales que tienda a transformar las desigualdades estructurales que existen en nuestra provincia entre el campo de la agricultura industrial y el campo diverso que alimenta.
Son necesarias políticas territoriales que permitan el acceso a la tierra para la producción de alimentos. En este sentido, en nuestra provincia debe realizarse un ordenamiento territorial que asegure la posesión ancestral de quienes abastecen de alimentos a pueblos y ciudades, que reconozca diferentes usos de la tierra como la trashumancia, y que controle el avance desmedido del agronegocio y el negocio inmobiliario en zonas rurales y áreas periurbanas. Ordenamiento que permita dar los primeros pasos en la construcción de las Áreas Campesinas para la Soberanía Alimentaria.
Las políticas de salud instrumentadas para las comunidades campesinas no son suficientes; es urgente una política de salud nacional, provincial y municipal que atienda las necesidades de las comunidades campesinas. Es fundamental que se reconozca la importancia del rol de lxs promotores de salud, la construcción comunitaria de la salud; y el reconocimiento económico de su trabajo adhonorem.
Que las políticas públicas para mujeres y diversidades sexuales, que ya existen, lleguen a los territorios del interior profundo de Córdoba. El acceso al derecho de la educación secundaria, profesional y superior en la ruralidad, también demanda premura.
Además, son necesarias políticas para el mejoramiento de la producción ganadera y hortícola diversificada que garantizan las familias campesinas, que permita desarrollar y aumentar su volumen, mejorar su rendimiento. Acciones que debe impulsar el estado porque de esta manera se fomenta el arraigo rural, se general puestos de trabajos para jóvenes en zonas donde la precarización e inestabilidad laboral es la regla. Este fortalecimiento de la producción tiene que estar acompañada del fomento de canales de comercialización que desarrollen el comercio justo, el vínculo directo entre productores y consumidores. Estrategias que democratizan el mercado de los alimentos, que abastecen de alimentos de calidad a precios accesibles y que las organizaciones campesinas como el MCC, entre otras, tienen la experiencia para aportar en un trabajo mancomunado con los estados en sus diferentes niveles.
Hablamos de políticas de estado que deben sostenerse en el tiempo y que tienen, necesariamente, que contar con presupuesto que permitan planificar este desarrollo. Quizás un instrumento para esto sean la Ley nacional 27118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar Campesina Indígena aprobada en el congreso de la nación a finales de 2014 y la Ley Provincial N° 28.981 de “Desarrollo Integral de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena de Córdoba” que se promulgo en el año 2019. Resulta que aun ambas leyes están sin reglamentarse y por lo tanto no tienen asignado recursos para su ejecución. Leyes que además de la urgencia de su reglamentación deben actualizarse e incorporar la mirada del feminismo campesino y popular, valorizando el rol protagónico de las mujeres y disidencias en la reproducción de la vida en el ámbito rural.
El desafío para los pequeños productores del noroeste de Córdoba sigue estando en fortalecer su organización provincial, sus alianzas locales y nacionales para seguir exigiendo el derecho a una vida digna en el campo. Esa resistencia territorial, que ha tenido avances significativos, se sigue sosteniendo en la producción de alimentos que logren dar de comer a nuestros pueblos sin dañar nuestro territorio. Camino obligado para conquistar la Soberanía Alimentaria.