Los recientes hechos protagonizados por la Policía de Córdoba han dejado al descubierto no sólo viejas prácticas, sino algunas muy nuevas y novedosas.

Mas allá de lo que a partir de la muerte de Jonatan Romo se diga de manera formal, la tradicional T.S.L. (Terapia de Shock para "Lucías") prescripta en el P.R.J.R. (Protocolo Reservado Jamás Reconocido) de la Policía de la Provincia de Córdoba, se aplicó cabal y estrictamente en el caso de este pobre hombre, conforme los lineamientos establecidos en tal digesto, que por supuesto es sólo de acceso limitado a los integrantes de la cofradía. Como toda práctica ejecutada con frecuencia, los integrantes de la Policía de la Provincia de Córdoba procedieron, con un alto nivel de eficiencia, a moler a palos al "Luci", encarnado en éste caso por Jonatan Romo, como un modo no sólo de sometimiento institucional del infractor o posible infractor, sino como una “terapéutica policial” que “tranquiliza”, “inmoviliza” y hasta “seda” al “paciente”, ya que en el curso de su crisis seguramente injurió, podría haber injuriado o potencialmente no hizo caso a las órdenes legítimas o caprichosas que le dió el personal policial actuante.

Como sea, esta vieja práctica ha estado plenamente vigente desde hace muchos años, porque para la Policía de la Provincia de Córdoba, una persona que sufre una crisis psiquiátrica (y que encima pertenece a clases populares) jamás podría alegar ni reclamar que no ha merecido el bestial trato policial que se le ha prodigado, ni jamás sería escuchado por autoridad judicial alguna. En el caso de Romo además, había "antecedentes" que figuraban mas que en su prontuario, en su “Historia Clínica Policial”; documento informal que todos conocían merced a la tradición oral de los policías de La Falda. Es que no fue la primera "terapia" que se le practicó a este "Luci": en el mes de diciembre del año pasado, Jonathan Romo ya había sido "tratado" en oportunidad de otro hecho. Y como resultado de la "terapéutica policial" terminó internado con gravísimas lesiones. Se inició una causa, que al parecer descansa en los anaqueles digitales de la fiscalía que dirige Paula Kelm. Casi sin temor a equivocarnos, si alguien revisa ese expediente podría notar el escaso o nulo interés investigativo (al final de cuentas, es solo un "Lucía") expresado en fechas y posibles acciones no realizadas, y que le van a significar en las próximas horas un pedido de Jury a la funcionaria.

Con lo mencionado anteriormente pretendemos dar cuenta y desnudar una práctica mucho mas profunda y perversa que no se queda solo en la superficie policial. Es que los seis policías imputados y detenidos por el caso Romo, y que ya todos saben que mas allá de trámites y burocracia, están fuera de la institución policial (nuevos desocupados, condenados ellos y sus familias a una casi segura indigencia), terminan siendo en el mejor de los casos, sólo un ramillete de perejiles. Mientras tanto, muchos responsables por acción u omisión, que eran hasta hace muy poco "amigos", conocidos o allegados a los ahora caídos en desgracia (y supuestamente del "mismo lado" de estos ya ex policías) fueron, a no dudarlo, los primeros en acusarlos.

Por un lado, están los mandos policiales que conocían y avalaban estás conductas hasta ayer y que hoy supuestamente dicen condenar. Entre ellos esta el mentado Comisario Inspector Diego Bracamonte, el policía que fue inicialmente "desplazado"; pero conforme se dieron los hechos, y casi como una cuestión piadosa, fue rápidamente pasado a R.O. (Retiro Obligatorio) contra su voluntad, porque desde la superioridad policial se advirtió que era mejor que perdiera ciertos privilegios y convertirlo compulsivamente en un jubilado, que la posibilidad de quedar imputado, eventualmente preso, y en similar situación laboral en la que van a quedar los integrantes del ramillete de perejiles "responsables" del caso Romo.

Por otro lado, está el Poder Judicial, y en particular, algunos de los integrantes de ese (casi) nuevo movimiento político en la sombras, conformado por algunos integrantes del Ministerio Público Fiscal (M.P.F.) de Córdoba, quienes en lo que respecta a mora, muchas veces son infinitamente mas responsables que los ramilletes de azul perejil ofrendados para aclamar la ira de los dioses.

Casos paradigmáticos como el de Sathya Aldana, que generaron la novedosa doctrina que permitió atribuir la responsabilidad de la muerte de una joven a su padre abusador, no tuvo su correlato en lo que a responsabilidades judiciales se refiere, ya que en ese hecho, la instructora del caso, la fiscal Ingrid Vago (conocida por tratar casos de abuso sexual con plazos que rozan la eternidad) jamás detuvo en vida de la niña a su perpetrador; y el expediente al momento de su suicidio, era poco mas que un puñado de formalidades que no merecían llamarse investigación. En el caso de la fiscal Paula Kelm, todo parece indicar que la falta de decisiones judiciales hizo sentir legitimados a los policías que acabaron con la vida de Jonatan Romo. Por tanto afirmar que la impunidad mata, no es una cuestión meramente semántica en Córdoba.

Pero para comprender lo sucedido sólo resta desentrañar la no tan compleja trama de la historia del enroque judicial-policial que se viene dando desde hace unos cuantos años en esa zona de Punilla, y que tiene epicentro en la fiscalía de Cosquín. Ciertas personas, circunstancialmente allegadas al extinto ex gobernador De La Sota (pero que en su momento se presentaban casi como íntimas suyas), que supieron trabajar en el M.P.F., y que se permitían decir abiertamente que el ex gobernador les había confirmado que muy pronto serían consagradas en el T.S.J.; terminaron jubiladas e institucionalmente solas.

Sin darse por vencidas (el narcisismo judicial suele ser incurable) y sin reconocer lo que todos veían (que su tiempo hace mucho había terminado) continuaron tejiendo, prometiendo y confundiendo a los funcionarios judiciales y policiales de la zona (incluso de otras jurisdicciones) generando dobles comandos que engendraron una cantidad muy importante de inconvenientes. Estas personas, que generaron muchísimos roces hacia el interior del M.P.F. y en el Poder Judicial, y con más fracasos que resultados, se sintieron plenamente legitimadas a hablar de políticas de seguridad con un fuerte sesgo de "mano dura", que por supuesto, debían imponer y asumir otros infelices, como en este caso el sexteto (por ahora) que podríamos denominar Azul Perejil. Hay que resaltar que no todas las fiscalías del Valle han sido permeables a estas influencias, y como ejemplo se puede mencionar la fiscalía a cargo de Jorgelina Gómez, que tiene un indudable desempeño serio, riguroso y profesional.

Hasta aquí una rápida introducción a los desmanejos punillenses que han terminado con la espantosa muerte de Jonatan Romo, caso que es sólo la punta de un iceberg de omisiones e ilegalidades, y que no sólo son policiales. Todas estas acciones constituyen lo que denominamos “viejas prácticas”, cuyo historial y ramificaciones, seguramente van aumentar el número de denunciados e imputados en los próximos días.

Las “nuevas prácticas” están relacionadas al tratamiento mediático del caso Romo. Para comprender la dinámica de estas “nuevas prácticas” debemos remontarnos al caso de Candela Sol Rodríguez Labrador, ocurrido en 2011 en Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Candela Sol tenia 11 años y fue secuestrada y asesinada por personas en aparente venganza con ciertas actividades ilícitas de su padre. Como pasaban los días y la niña que había sido reportada como secuestrada no aparecía, el clamor público y mediático se hizo sentir. Y lo que el poder político sabe (o debería saber), es que un caso de esta envergadura (el caso de Jonatan Romo también lo es) puede ser lapidario para una gestión de gobierno. El por entonces gobernador Scioli lo sabía. Para evitar los daños o mejor dicho, para intentar controlar los mismos, emergió la figura de un mediático, oneroso y bronceado abogado que, curiosamente, representaba una familia muy humilde, sólo por pura bondad. Y resultó muy llamativo que el lustroso letrado, en cada aparición pública y antes de lamentar la desaparición (y luego, la horrorosa muerte de la niña) resaltaba la inmensa acción de entrega de la Policía Bonaerense y el encomiable apoyo del gobierno provincial a la investigación, librándolos oportuna y convenientemente de todos los males. Es que si no se pueden evitar estos hechos lo que queda por hacer es "administrarlos", de modo tal que las esquirlas no afecten a los responsables políticos, e incluso encuentren la posibilidad que hasta puedan llegar a beneficiarlos.

La época de la "explosión controlada" había nacido.

La muerte de Jonathan Romo ocurrió el domingo 10 de julio; y aunque aún hay un período ventana de dos horas que no se sabe o sólo se presume que pasó con su cuerpo, el día lunes ya se le había practicado la autopsia y los resultados preliminares estaban en poder del experimentado conocedor de cuestiones policiales, el Fiscal de Feria, Raúl "El Rulo" Ramírez, ex Comisario General, ex titular de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba (dependencia donde finalizó su carrera iniciada en el Departamento de Inteligencia 2, el tristemente D2) y ex Secretario de Estado. Sólo al pasar recordemos que jamás nunca la Policía de Córdoba hizo un mea culpa institucional por la asignación de recursos materiales y humanos a la mayor maquinaria de tortura y muerte de la historia provincial que significó el D2; y que muy por el contrario, en la liturgia policial y por lo bajo, se sigue recordando dicha oficina como un ícono de los tiempos de una Policía "fuerte".

Rápido de reflejos, Ramírez advirtió inmediatamente que el caso Romo -el George Floyd de Punilla- era una poderosísima bomba de retardo, de impredecibles consecuencias. En modo alguno se puede afirmar que como ex Secretario de Estado de esta gestión de gobierno tenga fluidas relaciones con el Ejecutivo; pero todo indica que, en el Ministerio de Seguridad y en la Gobernación misma, la información llegó casi de manera instantánea por algún canal que desconocemos y que nadie cree estaría vinculado a la triple y versátil condición de Ramírez: de ex funcionario político, ex integrante de la Policía de Córdoba y actual funcionario judicial rescatado de un Jury. Como sea, enterados de la situación, en el Ejecutivo se puso en marcha la operación “Explosión Controlada” del caso Romo, que comenzó con la rápida y para muchos inexplicable decisión de ajusticiar, el martes 12 de julio, al Comisario General Julio César Faría, y su lugarteniente, el Comisario Inspector Marcos Germán Manrique; mientras el Comisario Inspector Diego Alejandro Bracamonte, titular de la Departamental Punilla Norte (dónde ocurrieron los hechos), sólo era desplazado de ese destino y licenciando.

Al trascender públicamente los videos el miércoles 13, dónde se puede apreciar claramente que Jonatan Romo se entregaba mansamente a sus verdugos, porque ya conocía de sobra los "efectos" de la T.S.L. (Terapia de Shock para “Lucías”) que rigurosa y concienzudamente aplica la Policía, todos comprendieron que la ofrenda de la cabeza de un integrante del Estado Mayor Policial iba a ser absolutamente insuficiente para aplacar la ira de los dioses, porque era un gesto que se comprendía mas hacia dentro de la fuerza que hacia fuera. Por esa razón y sobre todo por el excesivo y casi insoportable peso de la mochila que carga el Ministro de Seguridad, Alfonso "Polera" Mosquera, - mochila desbordada de cadáveres de inocentes fusilados por sus dependientes-, se decidió pasar a una fase inédita en la historia del Schiarettismo.

En virtud de esa decisión, el día jueves se desplegó una acción de nado sincronizado que comenzó con el tweet del Gobernador de la Provincia; siguió con las públicas declaraciones del versátil Ramírez; y finalizó con la "espontánea" conferencia de prensa que ofreció una compungida y profundamente indignada Jefa de Policía, acompañada de todo su Estado Mayor. Las escenas fueron desgarradoras: incluso pudo verse el rostro desencajado de algunos de los Comisarios Mayores y Generales que le servían de telón de fondo (mas allá que los rostros no reflejaban la profunda alegría contenida de algunxs, por la eliminación institucional de Faría, pero esa es otra historia). La convocatoria periodística fue cuidadosamente guionada, y lo que resaltó, fue la actuación protagónica y estelar de la señora Zárate Belletti, que hubiera arrancando emociones y hasta lágrimas al mismísimo Alberto Migré. Al momento de referirse a las medidas tomadas, indignada como nunca, se destacó por no tener ningún tipo de reparo al caracterizar al ya ex Comisario General Faría, un profesional serio y leal como pocos, a quien desnostó de una manera que llamó la atención, olvidando convenientemente que antes de asumir ella misma había tenido a cargo la función que tuvo el expulsado y ahora innombrable ex Comisario General.

Para muchos la operación “Explosión Controlada” desplegada el día jueves, fue todo un éxito comunicacional porque el gobierno, responsable político de la Policía, se victimizó y quedó casi en condiciones de recibir condolencias, al mismo nivel que la familia Romo. Pero no todo terminó allí.

Porque en el curso del jueves por la noche y el viernes por la mañana, se desplegaron una serie de acciones que procuraron no dejar cabos sueltos: el desplazado Bracamonte fue finalmente ajusticiado con el citado Retiro Obligatorio; y el Fiscal General de la Provincia, Dr. Juan Manuel Delgado, recibió la “sugerencia” de tomar la conveniente decisión de remover a todos los investigadores policiales de la Departamental Punilla, que en la jerga reciben el nombre de "comisionados", después de tanta cantidad de desatinos. De éste modo todos quedamos a salvo de los desastres que produjo esta gente, y el caso comenzaba a quedar cerrado con "éxito". Algo asi balbuceó el Fiscal Ramírez aquel jueves por la noche, antes las cámaras de Telenoche emitidas por Canal Doce, resaltando el accionar de la Policía y del Gobierno, desconocidos de su actual gestión judicial y de su persona.

Mientras, algunos funcionarios enfurecidos por los altos costos políticos, comenzaron a cerrar definitivamente las puertas a aquella persona que se autoasumió como íntima amiga del ex Gobernador D.L.S. y que no se había privado de cafés ni de operar, generado expectativas, confusiones y sobre todo, desmanejos que (por supuesto) después tuvieron que asumir quienes escucharon sus alocados cantos de sirena.

Pero la operación “Explosión Controlada”, que fue un aparente éxito comunicacional para el gobierno en un primer momento, chocó con la dura realidad y muy pronto se comenzó a diluir, especialmente por las nuevas denuncias de la familia Romo; pero también por la aparición de otros casos, entre ellos el de Ezequiel Castro, fallecido en no tan extrañas circunstancias el 8 de junio pasado, (aparentemente después de recibir la terapéutica policial del T.S.L.); por los reclamos políticos de partidos opositores (algunos auténticos y consecuentes con su discurso y posición histórica; y otros por demás oportunistas) y por el reclamo de los colectivos defensores de los DDHH. Sólo los integrantes provinciales del PRO se llamaron a un profundo silencio hasta el momento, y nadie puede alegar si están en desacuerdo con lo sucedido o si por el contrario adhieren en un todo a éstas prácticas.

Si bien podemos afirmar casi con certeza que por la muerte de Jonatan Romo va haber condenados, el final de este caso tiene un futuro incierto. Y sólo resta decir que la decisión del gobierno y en particular del gobernador Schiaretti, más allá de aciertos o errores, fue un clarísimo acto de exposición personal por un lado, y de demostración de poder político por otro: sostener, contra toda evidencia, a un ministro absolutamente desgastado y ponerse por delante de un caso de final abierto e incierto, no deja lugar a otras lecturas. Porque sostener al Ministro Mosquera no deja de ser una muestra clarísima de acumulación de capital político por parte del gobernador, que hay que decirlo, muy pocos en la Provincia de Córdoba han logrado a lo largo de la historia. Lo lamentable es no haber aprovechado la coyuntura para implementar cambios de fondo en la Policía de Córdoba, en un momento de máxima legitimidad, dónde claramente podría sacarse de encima a los esbirros de la antidemocracia y sobre todo, dejar de pagar los costos políticos que le significan los lastres anquilosados de una fuerza policial que, regularmente, le tira cadáveres sobre su acción política, cada dos o tres meses.

El tiempo dirá si el gobierno tiene la visión, aunque sea tardía, de quedar en la historia de la Provincia como la gestión que comenzó la impostergable reforma del sistema de seguridad que absolutamente todos reclaman. O si por el contrario, perdurará cómo el mayor consumidor de parches y apósitos políticos, con el ilusorio fin de intentar subsanar lo que todos los cordobeses, incluso hasta cierto sector del oficialismo, claramente advierten: una Policía que demanda cientos de millones del erario público y que atemoriza, mata y delegitima al que sea.

Es hora que se admita que en materia de seguridad, escuchar a los hambrientos por un cargo, y que se regocijan sólo con participar de las migas de poder por el mero hecho de figurar, pueden generar enormes costos políticos, aún mayores de los que se está pagando. Que con modificaciones cosméticas ya no alcanza ni para transitar la semana informativa después de ocurridos estos hechos. Y que iniciar un proceso de reforma policial que se impone a los gritos, preservarían al gobierno provincial de las muertes de más inocentes que la Policía de la Provincia de Córdoba le ofrendará, casi con certeza, antes del final de su gestión.




* Lucía: dícese del modo en el que la Policía de la Provincia de Córdoba designa a las personas con patologías mentales o “locos”. Proviene de aplicar la primera letra el viejísimo código de comunicación de la Policía Federal Argentina, basado en nombres femeninos. La “L” corresponde a “Lucía”, por lo tanto, de manera codificado los policías utilizan el término  “Luci” o “Lucía” para significar o hacer referencia a una persona que padece algún tipo de desequilibrio mental.
* Luci: apócope de Lucía.