El fiscal Andrés Rubén Godoy que imputó a dos médicos por la propagación del coronavirus en el geriátrico de Saldán, no cumplió con una de las recomendaciones procesales sugeridas por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en los casos en los que se encuentran involucrados profesionales de la salud.

Así se desprende de la causa por la que resultaron imputados Lucas Figueroa y Marcelo Lázaro a quienes el fiscal Godoy acusa de haber incurrido en el delito de “propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.

La imputación, que fue el debut de la recientemente creada Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (Ufes), generó el rechazo absoluto de la comunidad médica de Córdoba que se manifestó en contra de la medida en todas las ciudades de la provincia.

Según pudo confirmar Radio Universidad a través de uno de sus programas (Otra Vuelta de Tuerca, conducido por Dante Leguizamón) el fiscal imputó a los médicos sin consultar opinión al respecto al Comité consultivo y operativo en prácticas médicas, sanitarias y bioética (COPRAMESAB), creado en 2005 por el Superior Tribunal de Justicia con el objetivo de desalentar la “industria del juicio” a profesionales e instituciones vinculadas a la salud.

Fuentes judiciales habían indicado que la investigación de Godoy —con sólo seis meses de antigüedad en el Ministerio Público Fiscal— se basaba “sólo en testimonios y no contaba con la opinión de expertos en la materia”. Intentando confirmar que esto fuera cierto, la producción del programa Otra Vuelta de Tuerca que se emite de lunes a viernes de 14 a 15, logró identificar a la persona que preside el comité Copramesab, el dr David Dib.

En una entrevista, Dib no opinó sobre el expediente, pero aseguró que el Copramesab “no fue consultado” por el fiscal Godoy. Por otro lado, ante la consulta realizada por el periodista, Dib aseguró que si ese comité fuera convocado cualquier resolución al respecto requeriría “cómo minimo” del aporte de profesionales especialistas en “epidemiólogía, infectólogía y, especialmente, un profesional experto en medicina laboral”.

Para qué sirve el Copramesab.

Creado en 2005 el copramesab realiza entre 50 y 70 pericias al año. La mayoría de esas pericias son peritajes a pedido de fiscales o jueces tanto del fuero civil como penal y sus resoluciones buscan saber si realmente hay motivo para hacer lugar a una demanda o no.

En el caso del geriátrico de Saldán, la resolución de Godoy fue contra los médicos y dejó fuera de la imputación al propietario del geriátrico, Rafael López Peña. El empresario —que es padre de uno de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Sebastián López Peña — fue muy elogioso con el fiscal Godoy a quien calificó de “brillante” después de que lo dejó afuera de las imputaciones.

Aparentemente, Rafaél López Peña no conoce que en ámbitos tribunalicios, el fiscal Godoy y sus colaboradores fueron denunciados por el gremio de judiciales por no rendir concurso ni pasar por órdenes de mérito para ocupar la fiscalía.