La Cámara de Diputados aprobó la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que será aplicada por primera vez en marzo de 2021.

La fórmula está compuesta en un 50% por la evolución de los salarios y el 50% por la recaudación de la Anses. Se tomará el indicador que sea más alto al comparar la Remuneración Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que mide el Ministerio de Trabajo, y el Índice de Salarios que releva el Indec. Los aumentos serán trimestrales.

Las jubiladas y los jubilados, en su mayoría, no tienen por qué entender sobre índices, variables, Ripte y tantos nombres más. Lo que sí comprenden perfectamente es cuánto les rinde el dinero que cobran, que sucede si todo sube (inflación) y los haberes quedan por debajo; si no llegan a cubrir los gastos de la canasta básica. Esa es la mejor manera de saber si la nueva ley que entrará en vigencia el 2021 beneficiará o no a este sector de la sociedad.

Es cierto que, este año hubo bonos para quienes cobran la mínima; que no se descontaron las cuotas de los créditos Anses, por un año y ahora se baja la tasa y no se aplican intereses; que para los afiliados de Pami hay un vademécum con 170 principios activos que son casi 4.000 medicamentos gratuitos; que se congelaron tarifas y se otorgaron subsidios en reemplazo de los bolsones alimentarios.

Todas medidas que, sin lugar a dudas, significan una ayuda importante. Pero es eso, una ayuda y no puede ser la norma, es decir, debe existir frente a una emergencia como lo fue la pandemia. Después, es necesario garantizar un haber digno para quienes se encuentran en esta etapa de la vida, dónde la jubilación debería asegurarles, mínimamente, tranquilidad y buen vivir. Tal como lo establece la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en su artículo 6: “El derecho a vivir con dignidad la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población”.

Desde los tiempos de Norma Plá, la jubilada que se transformó en símbolo de lucha en la década del 90, hasta hoy han reclamado una verdadera recomposición de haberes, no subsidios, no bonos, no parches. Si bien es cierto que este año, inesperadamente, lo marcó en todo sentido la pandemia mundial de Covid 19, las personas mayores esperaron con ansiedad la llegada de una fórmula que les mejore la situación, que no las lleve nuevamente a tomar créditos para saldar deudas o contar con el apoyo de algún familiar para llegar a fin de mes.

Ayer se aprobó la fórmula, pero queda la sensación de que tendría mayor garantía si se hubiese incluido la variable de la inflación, tal como pidieron incluso diputados del mismo Gobierno. Pero no fue así y esto genera temores justificados, teniendo en cuenta la situación económica actual. Ojalá, el mañana nos demuestre que no fue necesario sumar esta variable a la fórmula y que, de una vez por todas, las jubiladas y los jubilados de Argentina sientan que se hace justicia y que dejan de ser el último orejón del tarro, frase muy utilizada, justamente, por las abuelas de antaño.