Mientras familiares de víctimas, periodistas y estudiosos siguen leyendo y analizando los extensísimos fundamentos de la sentencia relacionada al brutal asesinato de Valentino Blas Correas; el intento de homicidio de su grupo de amigos, y la alevosa maniobra destinada a hacer aparecer a cinco adolescentes como peligrosos delincuentes armados, ya hay fecha para el inicio del juicio por el brutal homicidio de Joaquín Paredes, dos hechos que no solo ocurrieron muy próximos en el tiempo —a Blas lo asesinaron en agosto y a Joaquín en octubre del año 2020— sino que tuvieron como víctimas a adolescentes casi niños —Blas tenía 17 años— o niños casi adolescentes— porque Joaquín tenía tan solo 15 años de edad al momento de su muerte.

Ambos fueron asesinados por policías en funciones, de manera irracional y absolutamente innecesaria. En ambos casos, y apenas ocurridos los hechos, un nutrido grupo de funcionarios policiales de distintas jerarquías se dedicaron a mentir y encubrir alevosamente, con la exclusiva finalidad de intentar ocultar la porquería que habían cometido. Y algo muy llamativo: los dos casos ocurrieron bajo el mandato del monosilábico ex comisario general Gustavo Marcelo Vélez, quien fungía como Jefe de Policía. Fue el asesinato de Joaquín Paredes lo que terminó de eyectarlo de su endeble situación, y que significó el ingreso de Zárate Belletti como Jefa de Policía.

Vélez había venido a reemplazar al olvidable Julio César Suárez, tal vez el peor Jefe de la Policía de la Provincia de Córdoba de estos primeros 40 años de democracia, lo que a vista de sus contendientes, es mucho decir. 

Suárez es aquel de las coacciones a un trabajador de prensa que ha dedicado gran parte de su carrera a investigar hechos de violencia institucional. Pero también el del habitual destrato o maltrato a sus subordinados y al público en general. El mismo al que el por entonces juez de control Gustavo Reinaldi pusiera límite a su maravillosa e ilegal idea de volver a las detenciones masivas y arbitrarias —léase “razzias”— desconociendo que nos encontrábamos viviendo desde hacía unos cuantos años en el marco de un Estado de Derecho. 

El mismo al que le secuestró un arma de guerra, una pistola calibre .45, que no tenía ni Carnet de Tenencia ni Tarjeta de Provisión de Municiones a su nombre, y que argumentó que había sido “un arma de su padre”, como si eso fuera eximente y justificante de semejante situación. Aquel que ante sus subalternos se autopercibía como un fiero gladiador con nombre de emperador y que se consideraba siempre del lado bien y la Justicia. Pero que la noche del 3 de diciembre de 2013 —la noche del paro policial que genero el mayor delito en masa de la historia reciente de Córdoba— el ex comisario general César Almada manifestó que Suárez se habría ido a su casa —sin sacar carpeta médica— porque al parecer había tenido un malestar estomacal que le habría producido diarrea.

El que jugaba a ser malevo con los policías que eran detenidos. Y que en lugar de leerles sus derechos como corresponde a todo buen funcionario que se precie —más con su jerarquía y posición— los trataba de “atorrantes”, sobre todo cuándo advertía que se encendía una cámara. El mismo Jefe de Policía al que se le habría comunicado antes que a nadie la escandalosa novedad que 67 pistolas se habían evaporado de la Jefatura de Policía, y que habría conocido que por semejante hecho se hizo solo una “exposición por extravío” (sí, tal como lo escucha) intentando evitar dar aviso a la Justicia de la sustracción de ese impresionante arsenal de guerra cero kilómetro.

Claro que con estos antecedentes, cualquiera que lo reemplazara iba a parecer bueno. Y todo parece indicar que solo cambiaron los modos. Pero las prácticas, quedaron intactas.

SIN PALABRAS

En cuanto a lo comunicacional y lo gestual, Vélez era el otro extremo de Suárez. Formado en uno de los grupos de élite de la Policía de Córdoba —el más publicitado, que es el ETER— se destacó como un oficial ordenado y sobre todo, obediente. Cuando aún no había tantos intereses en juego y por ende, cuando aún eran casi todos amigos, se desempeñó como jefe de compañía junto con Adrián Salcedo (hoy en la FPA), Julio César Faría (que estaría colaborando con el legislador Marcelo Cossar) y el sinuoso e indescifrable Gerardo Saúl Vázquez; todos bajo el mando de Daniel Alejo Paredes, que imprimió su sello personal a esa generación.

Claramente, el fuerte de Gustavo Vélez nunca fue la comunicación institucional. Al respecto, algunos viejos compañeros y algunos subordinados, le habrían jugado chanzas, comparando su don de la palabra con las de Bernardo, el asistente de don Diego de la Vega en la célebre y recordada serie que todos hemos visto en más de una oportunidad.

Pero si nos atenemos a lo que se pudo presenciar en el juicio de Blas, nos damos cuenta que esa comparación es injusta. Porque Bernardo era sumamente ocurrente, ingenioso, hábil y sobre todo, memorioso. Solo estaba impedido de hablar, pero en modo alguno de comunicarse. En el curso del juicio, Gustavo Vélez, además de demostrar que su léxico esta circunscripto a un universo de muy pocas palabras, dio la impresión de padecer de algún tipo de problema que afecta su memoria, porque la frase que más repitió casi sin inmutarse fue “no recuerdo”.

El tribunal, se quejó amargamente de esa situación. Al respecto podemos leer en los fundamentos de la sentencia del caso Blas, en la página 944 del archivo oficial que contiene 2123 páginas —que a diferencia del otro archivo también oficial y que tiene una extensión de 1969 carillas, el primero tiene texto resaltado con negrita, cursiva y subrayado, que permite conocer más fácilmente aquello que le interesa destacar al tribunal— y dónde puede leerse lo siguiente:

“De la sola lectura de su testimonio fácil es advertir una constante de imprecisión en cuanto a lo actuado: por no recordar, no conocer, no se me informó, no se me dio los motivos, no sé, no pregunté, me estoy enterando ahora, etc., o sencillamente, suponer. Lo que resulta llamativo es que esta testificación pertenece nada menos a quien a la fecha del asesinato del joven V.B.C. se desempeñaba -desde hacía casi cinco años- como Jefe de la Policía de esta Provincia de Córdoba; lo cual irroga que, en una estructura verticalista, como lo es la Fuerza Policial, quien ocupa su vértice superior debe ser ejemplo funcional a imitar por todo el resto de sus subordinados.”

PELOTUDOS

Dice el Diccionario de la Lengua Española de la R.A.E., actualización 2022, que la palabra “pelotudo, da”, es un adjetivo coloquial, que en Argentina y Chile, dicho o predicado sobre una persona, hace referencia a “que tiene pocas luces o que obra como si las tuviera”. Y que la “pelotudez” —al igual que la “boludez”— en Argentina y Uruguay es una palabra que hace referencia a una “tontería” o “dicho o hecho tonto”.

La semana pasada, en un hecho protagonizado por personal de la Dirección General de Policía Caminera de la Policía de la Provincia de Córdoba, un superior le aconsejó sin más, a un subalterno que le consultaba por una situación relacionada al carnet de conducir digital que le exhibía un ciudadano, que “le hiciera una multa por pelotudo.”

El hecho, que se convirtió en noticia nacional, generó que se anunciara que el efectivo iba a ser sancionado. Por supuesto que ello correspondía. Pero lo que no se advirtió es que claramente la cuestión podía constituir un abuso de autoridad, es decir un delito. 

Es que la supuesta tontería o pelotudez, que ni siquiera era tal porque como quedó expuesto a partir de la viralización de la escandalosa situación, ni las mismas autoridades tenían clara cuál era la respuesta, y en modo alguno habilitaba a que un policía solo por sentirse obligado a dar respuestas, pueda arbitrariamente sancionar con una cuantiosa sanción económica, la simple molestia que le ocasionó la consulta.

Pero de manera paradojal, el hecho tuvo algo positivo. Y es que nos hizo reflexionar sobre el sentido etimológico de la palabra. Y sobre todo, conocer lo que (realmente) piensan muchos integrantes de la Policía de la Provincia de Córdoba de nivel jerárquico, sobre los y las cordobesas.

De ningún modo podemos dejar de relacionar esto con lo que se pudo leer en los fundamentos de la sentencia del caso Blas, en relación a las declaraciones de Gustavo Vélez y Liliana Rita Zárate Belletti, ex Jefe y actual Jefa de la Policía de la Provincia de Córdoba. 

En ocasiones como estas es muy apropiado usar correctamente el riquísimo idioma español para decir que conforme surge de los fundamentos de la sentencia, pareciera que a los cordobeses y cordobesas, este señor y esta señora, nos toman por personas de pocas luces.

EL MORBOSO GUSTO POLICIAL POR EL “TANGO”

A lo largo de las 2123 páginas de los fundamentos de la sentencia del caso Blas, encontramos que producto del debate quedaron registradas 30 referencias a la palabra “tango”. Esta cantidad de repeticiones de un término que no es usado en ningún otro gremio, nos hace advertir dos cuestiones: en primer lugar, que se trata de una palabra muy utilizada por los policías en Córdoba, y que por ende, tiene un significado claro y preciso dentro del mundillo policial. En segundo lugar, que el significado de ese modismo o giro idiomático-profesional no tiene relación alguna con el ritmo del dos por cuatro, del que el célebre, querido y siempre recordado Américo Tatián —la mayor autoridad cordobesa en la materia— tanto nos ha enseñado durante años en Radio Universidad. 

En el argot policial y derivado del Código Internacional de comunicaciones o Código Fonético Internacional, la palabra “tango” se corresponde con la letra “t” como primer carácter de una palabra que se quiere comunicar o hacer conocer, y que todos —en un determinado círculo cultural— comprenden acabadamente a qué se hace referencia cuándo se la menciona, teniendo en cuenta por supuesto, el contexto. En este caso en particular, y en el lenguaje policial cordobés, “tango” hace referencia de manera indubitable a “trucho”, es decir a un arma ilegal y con un origen delictivo.

La sorpresa es que tanto el ex comisario general Gustavo Vélez como la comisaria general Liliana Rita Zárate Belletti, funcionarios que han llegado a la cima de la Policía de la Provincia de Córdoba, en el colmo de la desfachatez, se explayaran a duras penas cuándo se les consultó a que hacen referencia los policías hablan de un “tango”. Y dijeron desconocer por completo algún caso particular, aclarando increíblemente que nunca habían tenido noticias de que un policía haya usado armas truchas, en lo que constituye otra aparente paradoja: la existencia de una palabra específica y muy popular dentro del dialecto policial, para nominar algo que al parecer y según ellos, nunca existió. 

Respecto a la señora Liliana Rita Zárate Belletti, a fojas 934 de los fundamentos del fallo, uno de los vocales manifiesta:

“Debo destacar que indiscutiblemente este fue un caso de “tango o arma trucha” -para utilizar la propia “jerga” policial (y, de su “plantado”)-, por lo que no puede dejar de llamarnos la atención las primarias expresiones de la Sra. Jefa de Policía, al afirmarnos: “No, no he conocido ni me he enterado de casos de armas truchas”, cuando -sin entrar a exponer la demás experiencia forense en tal sentido, ni la falta de sentencia firme al respecto- un mes antes del inicio de este juicio, tuvo amplia difusión pública en los medios de nuestra Ciudad el requerimiento de citación a juicio por parte del Sr. Fiscal Dr. Juan Pablo Klinger, de un hecho de estas características con “siete policías acusados” (supuesto plantado de un arma trucha, en mano de una persona abatida por personal policial). Lo que a la nombrada se le hizo recordar (Cfse., entre otros, de fecha 27/07/22: “Redacción Cadena 3”, Juan Federico, 11:05 hs.; “eldoce.tv” y “cba24n.com.ar”, 20,23 hs.; y de igual medio, con fecha 28/07/22 a las 08.34 hs.). Aclaro que de igual modo, también tuvo amplia difusión la sentencia condenatoria ya recaída (obviamente aún no firme) en contra de seis de ellos (Cfse. iguales medios con fechas 9 a 11 de marzo del año en curso).”

La situación hiere tanto el sentido común, que el tribunal se vio forzado a hacer la aclaración porque evidentemente recibió la respuesta casi como una falta de respeto. Y se tomaron el trabajo de señalarlo con referencias de los medios y periodistas más importantes de Córdoba, de modo tal que no queden dudas de lo público que es el hecho que pretende desconocer.

En el mismo sentido y cuándo se interrogó al testigo Gustavo Vélez, ex Jefe de Policía que nunca había sido citado durante la instrucción, y ante la concreta pregunta de la Sra. Laciar: “¿no sabía que los móviles llevan elementos para plantar? Respondió: No, no sabía.”

Al ex comisario mayor Gonzalo Leonardo cumplido, al declarar en el Plenario se le tuvo que recordar lo que había manifestado en el programa radial Otra Vuelta de Tuerca según consta a fojas 1014. Y aunque contradictorio en otras ocasiones, a fojas 1016, manifestó respecto al “tango”: 

“Ellos pueden ver las filmaciones, escuchar las grabaciones, en este caso en particular, todo lo que allí… les fueron pasando al Jefe de Policía, Sub Jefes y por entonces al Ministro. Sobre todo por este hecho. Sin dudas sabían sus Jefes lo del arma, lo del tango.”

Ninguna duda quedó en el debate que todos sabían la existencia de algo que todos negaban.

CLAVES DE LECTURA

A partir de la página 1469, y en una actitud didáctica que caracteriza a los vocales de la Cámara Octava del Crimen de Córdoba en sus fallos, se encuentran una serie de puntos que en este caso abarcan unas doce carillas y que tiene por objetivo condensar información relevante y conclusiones del propio tribunal, con el fin de facilitar la lectura de los fundamentos de la sentencia, que no suele ser tarea fácil ni de acceso universal, aunque esa es la pretensión.

Pero quisiéramos resaltar otra parte de la extensa sentencia. Una que consideramos central a la hora de analizar la causa profunda y verdadera de los hechos juzgados. Es a partir de la página 522 donde puede leerse la durísima y descarnada reflexión de los jueces sobre la cultura policial:

“Y destaco también el sentimiento de total impunidad que albergaron los delictivamente involucrados en su inicial actuar, puesto que de inmediato -Jefes incluidos- se pusieron de acuerdo en cómo desfigurar lo acontecido, a costa siempre, de las víctimas. Sentimiento de impunidad que no se originó en el momento, por cierto, puesto que un conjunto de funcionarios policiales que al unísono obra así, evidentemente es porque sigue un -lamentable- patrón preestablecido para tapar este tipo de conductas delictivas. 

“Es que, camada tras camada de Oficiales Superiores de la Fuerza Policial de esta Provincia cuando asumen sus puestos de dirección, pasan a ignorar la existencia de lo que, a lo largo de este juicio, se reiteró como los foxtrots o los tangos (“fierros truchos”), designación que tienen en la “jerga policial”, específicamente las armas de puño ilegales comúnmente denominadas “truchas” cuando son portadas por los móviles de la repartición. 

“Es que ¿alguna verdadera campaña se llevó adelante para erradicar esta delictiva costumbre?: la realidad, y la prueba incorporada en el Plenario, nos demuestran: que no. Evidentemente es algo que indirectamente se toleró y se tolera, puesto que ningún atisbo de control específico y de resultado positivo se ha instrumentado al respecto. 

“Tal lo vertido en el juicio nada menos que por el anterior Jefe y la actual Jefa de Policía, Gustavo Marcelo Vélez y Liliana Rita Zárate Belletti, respectivamente; respondiendo el primero: “A pregunta aclaratoria del Dr. Centeno: ¿Durante su experiencia como Jefe de la policía, tuvo conocimiento de otros procedimientos donde se implantaba un arma? No, nunca conocí. A pregunta del Fiscal, responde: en la causa Pellico, no estaba en la Jefatura…”

Continuando con el razonamiento, a fojas 524 puede leerse:

“Mientras que la segunda -la actual Jefa-, al ser interrogada al respecto, manifestó: “Desconozco por qué estaban reunidos, a metros del lugar, no en el lugar, deben haber estado reunidos para tomar conocimiento. Desconozco qué estaban hablando, pero no estaban cumpliendo su función. Sobre tango, responde: significa trucho, un arma o un arma que no sea arma de fuego. Responde: Sí, es un arma que no es entregada Oficialmente. Responde: No, en mi carrera policial no he conocido personal que lleve armas truchas. Responde: No, no he conocido ni me he enterado de casos de armas truchas. Responde: Sí, conozco que hay directivas de que personal del tribunal de conducta controle los móviles al salir. O durante el turno. Responde: No, no fueron positivos estos controles porque de haberse encontrado algún arma trucha, yo debería haber sido anoticiada”. 

LOS ENORMES COSTOS DE POLÍTICOS DE LA MUERTE

Julio César Suárez asumió como Jefe de Policía en diciembre de 2013; Gustavo Marcelo Vélez en diciembre de 2015 y Liliana Rita Zárate Belletti en octubre de 2020. Al finalizar este año, entre los tres habrán cubierto una década de conducción policial en la Provincia de Córdoba. Y de no mediar cambios, pública y rigurosamente habrán incumplido los numerosos, elocuentes y más que públicos fallos de la Justicia que ordenan cambios en relación a la triste realidad de la disposición y uso habitual de armamento ilegal, utilizados para encubrir falsos enfrentamientos, que en realidad son abiertos fusilamientos. 

Ya desde el virtuoso y siempre recordado fallo de la Cámara Octava del Crimen en relación al caso del “Guere” Pellico, surgió con claridad que desde la Jefatura se mandaba a los policías a "defender el enfrentamiento" y el "intercambio de disparos" que, se demostró en el debate, jamás había existido. Una vergüenza, pero al mismo tiempo la muestra elocuente de cómo se ha amparado esta siniestra práctica que fomenta que sigan ocurriendo hechos como los de Blas. 

Sin temor a equivocarnos podemos afirmar que en el lenguaje de ninguno de los ocupantes del Fiat Argo en el que circulaba Blas la noche de los hechos, ni de sus familiares, jamás nunca antes de este proceso supieron a qué se hace referencia cuándo se habla de un “tango”. Incluso no caben dudas que Blas murió sin saberlo, a pesar de que quisieron manchar su memoria con algo que le era totalmente ajeno, y que es propio y exclusivo de una decadente cultura policial. 

Porque el “tango” o arma ilegal o arma trucha no era propio de su universo. Si no que es el elemento necesario e imprescindible para poder llevar adelante los pasos establecidos en el protocolo secreto, nunca reconocido —y que lamentablemente continúa tan clandestino y vigente como en su momento— de la Policía de la Provincia de Córdoba. Aquel que denunciáramos a muy pocas horas del hecho (https://eldoce.tv/sociedad/grave-denuncia-muchos-policias-llevan-armas-truchas-plantar-escena-crimen-cordoba_101991) cuándo aún nadie conocía el nombre de las víctimas ni las características y pormenores finos de lo sucedido.

A la vista de un juicio que más allá de apelaciones, ha terminado; y ya con la sentencia en la mano, nos surgen algunas preguntas que nos parecen urgentes: ¿Se comprenden los enormes costos políticos que le hubiera ahorrado al Gobierno de la Provincia de Córdoba, una jefatura policial que, sin especulaciones ni medias tintas, hubiera salido a reconocer a pocas horas de la muerte de Blas la existencia de estas oscuras y siniestras prácticas? ¿Valió la pena desangrar el poder político casi tres años, para arribar al mismo resultado? ¿Se seguirán cometiendo los mismos errores y amparando abiertamente el delito institucionalizado, mientras se pagan inmensos costos políticos? ¿Se permitirá que las penas avancen cada vez más en la línea de mando, hasta que llegue el día que un funcionario político que mató con la indiferencia, la incapacidad o la complicidad comparta celda con los que mataron con balas?

Solo el tiempo dirá si la sangre derramada ha sido suficiente para que la Policía de Córdoba y sus responsables políticos por fin aprendan la lección, y se decidan parar la máquina de matar.

O si, por el contrario, y como lamentablemente ha venido ocurriendo, dentro de un tiempo tengamos que volver a insistir con las mismas palabras, las mismas reflexiones y los mismos dolores. Y a escuchar idénticas excusas y e iguales disculpas de sus responsables jerárquicos, tan cínicas, insolentes y vacías como siempre, que han generado que la credibilidad, la cohesión interna e incluso la operatividad de la Policía de la Provincia de Córdoba, a partir de crisis que generaron casos como el de Blas, haya tocado el punto más bajo de toda su historia institucional.