El sistema previsional es una de las políticas sociales que atrae la atención del debate político, técnico y académico por la magnitud de recursos que implica y la cantidad de beneficiarios. A esto se agrega el inevitable envejecimiento poblacional que en todo el mundo proyecta una profundización de los problemas de sustentabilidad de los sistemas previsionales. Aquí algunas claves para pensar/poner en debate la reforma previsional:

SOLIDARIDAD

Es común pensar que la política social en general, y la seguridad social en particular, se guía por el principio de solidaridad y justicia, pero ¿entre quiénes? y ¿para quiénes?. Cuando se piensa en la política social no hay que automáticamente asignarle una preocupación por los demás. Hay muchos casos de políticas previsionales que establecen regímenes especiales y de privilegio con cuantiosos beneficios y cobertura para determinados grupos sociales minoritarios. Esto sucede porque la definición de una política pública implica establecer prioridades, legitimar necesidades y establecer sujetos merecedores (de diferentes tipos y magnitudes) de protección. 

En tanto la política social, en particular la previsional, constituye una distribución secundaria del ingreso mediada por el Estado (esta mediación la convierte en el momento netamente político de la distribución), la misma puede dirigirse a mantener o modificar las posiciones sociales que genera la distribución primaria, es decir la que se produce en la vida laboral. 

En este sentido es importante destacar que el diseño de un sistema previsional puede priorizar el objetivo de mantención del ingreso, que se obtuvo en la vida laboral, al pasar a la pasividad o puede optar por el objetivo de alivio de la pobreza y reducción de la desigualdad generando mecanismos redistributivos. Lo óptimo es combinar ambos criterios logrando la suavización del consumo pero procurando aproximar los ingresos de los adultos mayores, favoreciendo a los sectores de menores ingresos. Esto es importante porque los principios constitucionales de  proporcionalidad y movilidad no pueden desenlazarse del principio de solidaridad. Lo que sucede a menudo es que la política social se reclama desde una visión particularista/corporativista, que representa y encarna en grupos específicos, lo cual está lejos de reclamar por solidaridades amplias.

Un punto a destacar de las reformas que se dirigen al mínimo jubilatorio es que dado que el sistema previsional sin duda reproduce las desigualdades regionales/espaciales (riqueza, poder, incidencia, bienestar), hay que tener en cuenta que toda política que tienda a levantar el piso (como las políticas de haber mínimo o de mejora de los haberes más bajos) tiene inmediatamente incidencia en el mapa (en sentido espacial) del bienestar de los adultos mayores.

DÉFICIT

La Caja de la Provincia de Córdoba fue creada en 1913. A poco de iniciar su vida institucional se enciende un llamado de alarma: “La institución se aproxima con rapidez al momento de suspensión de pagos”. Con esta frase cierra un análisis de sustentabilidad del año 1920. El déficit y el nivel de gasto del sistema previsional cordobés fue un tema recurrente a lo largo de su historia, lo que derivó en numerosas modificaciones legislativas. Las mismas implicaron en muchos casos avances y, en otros, retrocesos sobre beneficios establecidos, cambios en las fórmulas de cálculo o condiciones de acceso. Algunas modificaciones tuvieron como meta la conformación de un sistema sustentable, mientras que en otras predominó la búsqueda de réditos políticos y privilegios para algunos sectores.

El nivel de gasto de una política social es una variable a analizar, pero su magnitud por sí sola nos dice poco sobre el logro del bienestar general de todos la sociedad, ya que puede haber un alto gasto dirigido a una minoría de población que recibe cuantiosos beneficios. A esto se agrega que en los sistemas previsionales cerrados la sostenibilidad no se juega tanto en la relación activo/ pasivo sino en la salud o compromiso fiscal del estado al que pertenecen. Esta es la principal variable al pensar la sustentabilidad de un régimen del que se estima un déficit para 2020 de 35.500 millones y que abarca 107 mil beneficios. Recordemos que esto representa aproximadamente un 15 % del total de jubilados y jubiladas de la provincia, ya que el resto pertenecen al sistema nacional de ANSES. Esto nos introduce a un tercer aspecto.

ARMONIZACIÓN

En 1993, se firmó el Pacto Fiscal II, por el cual el estado nacional aceptó la transferencia de las cajas previsionales provinciales. Entre 1994-1996 se llevó a cabo este proceso, por el cual diez provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transfirieron sus cajas.. La asimetría en el financiamiento entre las provincias que transfirieron las cajas y las que no lo hicieron generó inconvenientes. Por ello, en 1999 el Gobernador De la Sota firmó un acuerdo llamado “Compromiso federal por el crecimiento y disciplina fiscal”, o también conocido como Pacto Fiscal III. Mediante este acuerdo el gobierno nacional se comprometió a financiar los déficits globales de las cajas provinciales no transferidas con la condición de que armonizaran sus normas previsionales a las reglas del sistema nacional. Surgió así el principio de armonización, que persigue lograr un sistema más equitativo y justo al unificar las condiciones de acceso y beneficios. De este modo la armonización vino a completar el fallido intento de centralización. Sin embargo, este proceso ha sido resistido, incompleto y en algunos casos incumplido. En el caso de Córdoba los dos puntos más conflictivos de homogeneizar con el sistema nacional y que además hacen a la esencia del sistema previsional cordobés, siempre fueron: el cálculo del haber inicial y los criterios de movilidad. Mantener estas pautas se alejan del objetivo de unificar criterios en los beneficios en todo el territorio nacional mediante la armonización y claramente establecen diferencias en la distribución del ingreso de los personas mayores en la provincia. Las reformas anunciadas sin dudas buscan cumplir con parte del acuerdo para lograr el tan ansiado alivio que proviene del financiamiento nacional del déficit. 

REFORMAS, Y DESPUÉS...

Los sistemas previsionales son uno de los arreglos institucionales más complejos de las sociedades modernas. Impactan en cuestiones sociales y macroeconómicas, y son el resultado de las interacciones de diversos grupos (gobierno, sindicatos, jubilados, organizaciones patronales). El diseño y las reformas deben considerar las consecuencias que las decisiones sobre el mismo tienen en el conjunto de la sociedad, ya que la definición de los criterios de justicia y solidaridad que conlleve reconfigura el orden social y político.