El Tribunal de Conducta policial fue creado en el año 2003 por la administración del entonces gobernador José Manuel de la Sota y con la firma del presidente de la Unicameral del momento, el entonces vicegobernador Juan Schiaretti. Según el anuncio formal, el nuevo organismo llegaba a reemplazar a la desprestigiada División de Asuntos Internos de la Policía que se había convertido en parte de la maquinaria de corrupción y encubrimiento policial. La teoría decía que, bajo una conducción civil, el Tribunal iría “al hueso” y se encargaría de investigar los casos de podredumbre interna dentro del ámbito policial y penitenciario.

Diecisiete años después la conclusión es clara: desde su creación hasta hoy el Tribunal de Conducta Policial siguió haciendo exactamente lo mismo que hacía la vieja Asuntos Internos.

Hay muchos ejemplos que citar pero en resumidas cuentas se puede decir que el Tribunal de Conducta sólo actúa después de que lo hizo la Justicia ordinaria y, si la Justicia no actúa, espera que pase el tiempo tratando de taparle escándalos al poder político.

Los miembros del Tribunal se amparan en que cuándo la Justicia investiga ellos no lo hacen “para no entorpecer”, pero es una mentira. La institución que dirige la abogada Ana María Becerra (por algo es una de las funcionarias que más tiempo ha conducido el organismo) no tiene como función investigar hechos de corrupción, sino esconderlos; no busca acelerar los procesos judiciales, sino adaptarlos a los tiempos del gobernador de turno y, finalmente, no se involucra en las causas judiciales para aportar información a los fiscales, sino más bien para conseguir data de las causas calientes de corrupción y filtrarlas al poder político.

El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciaria es a la Policía, lo mismo que a la Justicia es el Fuero Anticorrupción. Otro gran invento de Unión Por Córdoba que se creó con el “honorable” objetivo de luchar contra la corrupción y terminó sirviendo para esconderla debajo de la alfombra.

Todo es por supuesto discutible, pero para muestra de cómo un organismo pensado con “fines honorables” puede convertirse en inútil en las manos adecuadas, no hace falta ir muy lejos.

El viernes pasado la Cámara Octava del Crimen firmó una sentencia en la que los jueces le piden al Tribunal de Conducta Policial que investigue a los policías que participaron del operativo posterior al violento asalto a una financiera de Nueva Córdoba. En ese asalto fue asesinado un policía y murió un ladrón. La resolución le pide al Tribunal de Conducta que investigue quién se quedó con una de las armas utilizadas por los asaltantes que fue robada (si señor: ro-ba-da) de la escena del hecho por la Policía y, finalmente, solicitó al Tribunal de Conducta que investigue quiénes fueron los efectivos que alteraron la escena del asalto y, posiblemente, obviaron (a propósito) secuestrar una computadora en la que había información sobre el dinero que se manejaba en la financiera ilegal.

Dos días después, el lunes pasado, se conoció la existencia de una serie de videos en redes sociales en los que tres policías utilizan una aplicación de celular (Tik Tok) para divertirse (de manera estúpida e inocente) en horas de trabajo.

Adivina adivinador. ¿Qué investigación inició primero el Tribunal de Conducta? ¿La del viernes o la del lunes? ¿A qué policías puso en situación pasiva más rápidamente? ¿Fueron sancionados los que filmaron el video o los que robaron el arma? ¿Fueron licenciados los que filmaron el video o quienes escondieron una prueba?

¡Acertaron!: Los que filmaron el video (el chiste no tiene remate).

Con ese accionar el Tribunal de Conducta Policial ha enviado un mensaje claro hacia el interior de la Policía de la Provincia de Córdoba. Alterar la escena de un asalto violento, robar armas y esas cosas, se perdona, pero que nadie ponga en duda el decoro de la Policía de la Provincia de Córdoba como esos desubicados que andan grabando videítos en Tik Tok.

Conociendo el paño el autor de esta opinión se permite un par de sugerencias para el Tribunal. Sería flojo que mañana aparezca una resolución con fecha de ayer respondiendo al pedido de la Cámara Octava. Sin embargo, el organismo que dirige la abogada Ana María Becerra puede ir poniéndose al día con otras causas que también están sin resolución:

1 — ¿Se acuerdan los integrantes del Tribunal de Conducta Policial de las 72 armas que robaron de la Jefatura en mayo de 2015 cuando era jefe Julio César Suárez? El organismo nunca aportó ninguna información sobre ese extraño robo. Por si no están al tanto, desde estas líneas les contamos que con esas armas robadas (que circulan en el mercado negro) fueron asesinados al menos dos policías en estos tiempos.

2— ¿Se acuerdan los integrantes del Tribunal de Conducta Policial del homicidio de Gueré Pellico ocurrido en 2014 y del que esta semana se cumplieron seis años? Cuando se condenó a los policías que mataron Pellico e hirieron a su primo Maximiliano Peralta, la Cámara Octava del Crimen que condenó a los policías asesinos Rubén Leiva y Lucas Chavez consideró demostrado que, para proteger a los asesinos, un superior dio la orden de que la propia Policía le disparara al vehículo de Leiva y Chávez con la idea de hacer pasar el homicidio como un tiroteo. En la sentencia los jueces precisaron que ese disparo trucho que efectuó la propia policía se produjo o en la propia jefatura o en la sede del CAP 9 de Villa Belgrano.

3— Otra opción sería que los agudos pesquisas del tribunal se sumerjan en el oscuro mundo del Play Store de los celulares de los policías de Dean Funes y averigüen cómo consiguieron acceder a esa peligrosa aplicación que “en el mundo del hampa” responde al sospechoso nombre de “Tik Tok”.