Fuerte rechazo generó en los ámbitos feministas la intervención del gobierno de Jujuy en el caso de una niña de doce años que la semana pasada solicitó la interrupción legal de su embarazo, producido por la violación de un vecino.

Al momento de la autorización judicial, la menor tenía poco más de 23 semanas de embarazo, pero no son pocas las denuncias que, a través de los hospitales de la localidad de San Pedro primero, y el Materno Infantil de San Salvador de Jujuy después, demoraron la práctica.

"Cumplir con el fallo precedente de la Corte Suprema" fue la idea del gobernador Gerardo Morales, aunque la "interrupción legal del embarazo" que anunció el propio ministro de Salud provincial, se realizó a través de una cesárea, evitando el aborto que recomiendan los protocolos de salud.

Con contundencia, desde la Fundación Huésped salieron a cuestionar a las autoridades, remarcando que "una cesárea practicada a una nena de 12 años embarazada producto de una violación y un bebé en neonatología no es Interrupción Legal del Embarazo, es maternidad forzada".

La fundación, orientada a brindar "información de manera ética y responsable respecto a derechos sexuales y reproductivos", fue tajante al remarcar que "un acta de nacimiento y un proceso de adopción abierto tampoco es lo que indica la ley".

Contextualizó el caso afirmando que en el proceso hubo "una niña sin recursos, abusada por un hombre de 60 años, amenazada de muerte, y con un embarazo avanzado que se acerca al Estado" y que termina siendo" una niña cuyos derechos fueron vulnerados demasiadas veces". En tal sentido, adujo que en Jujuy , "el Estado la obligó, a la fuerza", a tener determinado final.

Cuestionaron a profesionales que se opusieron a realizar "una práctica contemplada dentro del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (...) a fuerza de creencias personales por encima de la salud pública y la ley vigente desde 1921".

Ubicó al Estado provincial como "responsable" porque "obstaculizó el acceso a los protocolos de actuación para estos casos, detallados en los 'Lineamientos sobre Abusos Sexuales y Embarazo Forzado en la Niñez y Adolescencia'".

La explicación oficial en el territorio norteño apuntó a que el fallo judicial "no determina con qué práctica" se realice, aunque es sabida la postura "antiderechos" de funcionarios jujeños. Así, "un equipo interdisciplinario decidió que esta era la mejor forma de preservar su salud".

¿El final? Hay una bebé, que nació con 700 gramos y un 30% de posibilidades de sobrevida, internada en Neonatología.