A raíz de la trascendencia de varios casos en los que, niñas que realizaron la interrupción legal del embarazo (ILE) terminaron con prácticas de cesáreas en el norte argentino, en las últimas horas un organismo de la Organización de Naciones Unidas se expresó al respecto.

Y la posición fue instar al Estado argentino “a garantizar de manera oportuna el acceso a la ILE, de acuerdo con la normativa vigente”, incluida en el Código Penal desde 1.921 en casos de violación o riesgos de salud.

La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dejó en claro en un comunicado que “la no prestación de determinados servicios de salud a mujeres y niñas en condiciones legales resulta discriminatoria, y las restricciones o prohibiciones absolutas en el acceso a la interrupción legal del embarazo pueden constituir tortura y malos tratos”.
Al referirse al caso reciente de la niña de once años de Tucumán, Birgit Gerstenberg, la funcionario del organismo, cuestionó que “la demora injustificada en el acceso a la ILE” provino “del Sistema Provincial de Salud y el Hospital del Este Eva Perón”, donde “se vulneró el derecho de la niña a la salud”.

Se adujo, a su vez que se respeta la objeción de conciencia del personal médico, pero recuerda que el Estado y sus instituciones su deber de garantizar el acceso de las mujeres a la ILE en todos los hospitales públicos del país en los casos previstos por la ley.