El ingeniero civil Agustín Casimiro Filippi, encargado de seguridad e higiene de la obra, según consta en la causa judicial, fue imputado en las últimas horas por el delito de “homicidio culposo”, en el marco de la investigación por la muerte de un obrero que trabajaba en la nueva sede de la Legislatura cordobesa.

La resolución fue firmada por el fiscal de feria de Distrito 1, Guillermo González aunque bajo ciertas circunstancias, Filippi continuará en libertad.

Recordemos que el fatal siniestro laboral ocurrió el miércoles de la semana pasada, alrededor de las 16.30, cuando Alfredo Ramón Paniagua (45) fue víctima del desmoronamiento de una zanja en la que estaba trabajando en el predio ubicado en 24 Septiembre y el boulevar Perón.

El infortunado obrero estaba trabajando en el fondo de la zanja de conexión de cloaca, a tres metros de profundidad, realizando actividades de nivelación cuando el suelo se desmoronó, según indicaron desde la sede Córdoba de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra).

Por su parte el fiscal remarcó que “La obra se encontraba en infracción y no se habían tomado los recaudos necesarios”.

Desde el momento de la tragedia, la obra se encuentra clausurada por disposición del Ministerio de Trabajo, y tras un pedido formal en ese sentido que realizó la Uocra.

La empresa ejecutora Sadic también fue multada por el no cumplimiento de las normas de seguridad.

Néstor Chavarría, secretario general de Uocra, resaltó que la empresa “violó” la normativa ya que “la obra de conexión de cloaca no estaba denunciada al Ministerio de Trabajo”.

Antes de tomar la resolución de la imputación, el fiscal González aguardó que estuviera completo un informe del área de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (Cymat), que depende del Ministerio de Trabajo.

Según una resolución interna de la Fiscalía General en las investigaciones judiciales por estragos o derrumbes en obras de construcción de la ciudad de Córdoba, en la que se indague acerca de la responsabilidad penal de los involucrados en el hecho, “conforme a los deberes de cuidado a cargo de cada uno de ellos en relación a los riesgos propios de la industria de la construcción con el objetivo de determinar si incurrieron en imprudencia o negligencia sin perjuicio del riesgo en que se haya puesto la propia víctima”, la Cymat realiza su propia investigación, a la que se recomienda que los fiscales tengan en cuenta al momento de realizar cualquier pesquisa en la misma dirección.

Por su parte, Eugenia, la viuda del obrero Paniagua, denunció: “En construcción, cuando los tiempos apremian hacés cosas que no corresponden. No entró porque quiso, entró porque lo habían mandado”.

Ricardo Desumvila, de la empresa constructora Sadic, señaló que la zanja se realiza antes del tablestacado y que el operario no debía haber estado allí.

El fiscal González agregó que no se descartan nuevas imputaciones a la vez que continúan las diligencias judiciales a fin de determinar y deslidar responsabilidades anexas que pudieran surgir en el transcurso de la investigación.

Por el derrumbe en la nueva Legislatura imputan a un ingeniero