¿Qué piensa la gente del Poder Judicial?

Desde hace unas semanas, la puja entre el Gobierno nacional y el Poder Judicial escaló sobre la base de dos temas principales: uno, la polémica intervención de la Corte Suprema de Justicia (CSJN) en el Consejo de la Magistratura (ya que la CSJN declaró de manera tardía la inconstitucionalidad de la última reforma y restauró una normativa anterior, con el agravante de que el presidente de la Corte se colocó al frente del organismo). El otro son las iniciativas para reformar y ampliar el tribunal superior.

En general, son temas que, por su complejidad técnica, escapan al promedio de la opinión pública, por lo que no hay mediciones recientes que los aborden. Lo que sí aportan las encuestas es un dato contextual de base: la puja se produce en un momento en el que tanto la dirigencia política como el Poder Judicial están en pisos de valoración.

Según el último estudio realizado por la Universidad de San Andrés (Udesa), los jueces están al fondo de la tabla de imagen de organizaciones, actores y sectores, con apenas 9% de calificación positiva vs 84% de negativa (gráfico arriba).

De acuerdo al mismo informe, el Poder Judicial también está al fondo de la tabla de satisfacción, con apenas 10% (muy satisfecho + algo satisfecho) y 85% de insatisfacción (algo insatisfecho + muy insatisfecho). Muy cerca se ubica el Poder Ejecutivo (11% vs 83%, respectivamente), mientras que las Cámaras de Diputados y Senadores alcanzan la misma satisfacción acumulada (12%) y apenas se diferencian en insatisfacción (83% vs 81%, respectivamente), en un empate técnico a cuatro bandas (gráfico arriba).

En la misma línea, un estudio reciente de consultora Taquión arroja que apenas 8,9% de los electores argentinos confía en los jueces y el sistema judicial, vs 84,4% que no confía. En cuanto a los políticos en general, el resultado es 8,3% vs 85%, respectivamente (gráfico arriba); es decir, un nuevo empate técnico. A su turno, una encuesta de las consultoras Grupo de Opinión Pública (GOP) y Trespuntozero ubica a políticos y jueces como los dos sectores percibidos como más privilegiados del país, con 64,4% y 14,6% en el total país y diferencias estadísticamente no significativas cuando los datos se acotan a la clase media (gráfico abajo).

Los matices aparecen al abrir el dato en función de la “grieta” electoral: 74% de los votantes de Juntos por el Cambio (JXC) se decanta por los políticos como sector con más privilegios y apenas 6,6% por los jueces; en cambio, 53% de los electores del Frente de Todos (FDT) percibe a los políticos como el sector más privilegiado (21 puntos porcentuales menos que en JXC), pero casi 28% identifica a los jueces en segundo término (21,2 pp por encima de lo que se advierte en JXC). Además, 8,1% del FDT ve a los empresarios como el tercer sector más privilegiado, posición que entre los electores cambiemitas ocupan los sindicalistas (gráfico abajo).

Un dato interesante es que en algunos puntos no hay grieta política: el 82% de los votantes de Mauricio Macri en 2019 está de acuerdo con quitar las jubilaciones de privilegio con las que cuentan los jueces (junto con los diplomáticos), y 80,5% de los votantes de Alberto Fernández en la misma elección coincide, según una encuesta reciente de las consultoras Grupo de Opinión Pública (GOP) y Trespuntozero (gráfico abajo).

Profundizando el análisis, el hecho de que tanto los actores políticos como los judiciales atraviesen un momento de descrédito generalizado no implica que no exista consenso social para ciertas reformas: como acabamos de identificar, existe un acuerdo transversal en la posibilidad de quitar las jubilaciones de privilegio a los jueces.

Otro tema donde se perfila un consenso mayoritario surgen de un sondeo de opinión realizado por Clivajes Consultores Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires el pasado mes de febrero: en un contexto en el que apenas 15,1% de los electores de ese conglomerado está muy o algo conforme con el funcionamiento del Poder Judicial mientras que casi 81% se muestra algo disconforme o muy disconforme (gráfico arriba), también casi 81% está muy de acuerdo o algo de acuerdo con la frase “el Poder Judicial debe ser sometido al voto popular, como ocurre con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”; sólo 16,1% se muestra en contra (gráfico abajo).

En resumen, aunque el contexto está atravesada por una mirada crítica de los tres poderes, surgen consensos respecto a recortar lo que se perciben como privilegios de los jueces y un aval a someterlos al voto popular, como sucede con el Ejecutivo y el Legislativo.