La Oficina Anticorrupción (OA), organismo que depende del Poder Ejecutivo nacional, ya no intervendrá más como querellante en las causas penales que investigan a funcionarios y exfuncionarios públicos.

De acuerdo a una resolución firmada por el titular del organismo, Félix Crous, se definió disolver la oficina que se ocupaba de los litigios y se ordenó la reasignación de todo su personal.

Crous aseguró esta mañana en conferencia de prensa que está "reperfilando" a la OA "de acuerdo con lo planificado”, buscando que se convierta en "un motor de políticas públicas, dejando paulatinamente el rol de litigio".

Para el titular de la OA, el organismo debe concentrarse en un "rol preventivo", para "generar condiciones para que los hechos de corrupción no ocurran", de acuerdo a la misión central que la ley le asigna a la Oficina y que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó profundizar.

En su resolución, Crous sostuvo que el Ministerio Público Fiscal, a través de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), es quien debe oficiar de acusador en las causas penales y que es "redundante" que lo haga también la OA.

Para "contribuir al orden de la litis", las renuncias no se harán todas de inmediato. En los juicios que están en pleno juicio oral, por ejemplo, el desistimiento se efectivizará "cuando culmine la recepción de la prueba propuesta" por la OA.

En mayo pasado, el organismo ya había abandonado su rol de querellante en las causas Los Sauces y Hotesur, donde se investigan supuestas maniobras de lavado de dinero a través de la actividad hotelera.

"Los recursos profesionales de esta oficina han sido asignados de un modo tal que la Dirección Nacional de Litigio Estratégico ha recibido un tratamiento privilegiado en desmedro de su par de investigaciones; y más aún de la destinada a la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad y la transparencia", indica la resolución.