Dos muertes en la Cárcel de Mujeres dispararon las alertas en las instituciones. Como respuesta a lo acontecido el Ministerio de Justicia de Córdoba conformó una Mesa de Trabajo Interinstitucional con perspectiva de género.

Varias reparticiones del Gobierno provincial, el Poder Judicial, la Iglesia y especialistas académicos se reunieron para profundizar en la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad.

“Hay un porcentaje muy alto de mujeres procesadas que no saben qué va a pasar con ellas, ni tienen quien las defienda, y todo su entorno ha desaparecido”, expresó Cecilia Lanzarotti, secretaria de Organización y Gestión Penitenciaria.

Algunos funcionarios provinciales adelantaron la aplicación de varias medidas para mitigar las condiciones de vulnerabilidad que padecen las internas.

“Dispusimos junto al Ministerio de Salud, que haya un servicio de salud mental disponible las 24 horas durante el fin de semana”, contó Martín Farfán, ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Claudia Martínez, secretaria de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas, declaró: “Estamos trabajando con las familias de las internas y con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para ver qué sucede con las visitas de los hijos e hijas y facilitando el encuentro”.

Denuncias por tortura y discriminación

La Coordinadora Anticarcelaria Córdoba denunció que hubo torturas psicofísicas y discriminación contra las internas en la cárcel.

"Algunos de los dispositivos de castigo y tortura que sufren quienes están presas son el hostigamiento psicológico cotidiano, la negación de atención médica y la sobremedicación como forma de control”, expresó el comunicado emitido por la organización.