El camino por el cual el gobierno nacional anticipó un pedido de juicio político a Alejo Ramos Padilla poco después de una exposición en el Congreso de la Nación, no es el habitual.

De manera oficial, el Ministerio de Justicia anticipó la solicitud que realizó al representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahíques, para comenzar el proceso contra el juez.

La investigación que se dio a conocer en la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados tiene como epicentro a Marcelo D'Alessio, el falso abogado que a priori fuera denunciado por extorsión, pero que pronto transformó el caso. Se indaga en una red de espionaje y de extorsión política, periodística y judicial.

La cuestión no fue pasó desapercibida para el Gobierno, que acusó a Ramos Padilla de una “manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas”.

La preocupación, claro está, excedió el contenido de lo que el juez mostró. La documentación secuestrada parecía apuntar a una noción que puede generar preocupación en el Ejecutivo. Pero se intenta minimizar la cuestión, pese a la exposición de pruebas de que dos diputadas, Elisa Carrió y Paula Olivetto, se "nutrieron" de D'Alessio.

Ramos Padilla dejó en claro que el caso podría traer complicaciones en las relaciones internacionales con varios países. De hecho representantes del gobierno uruguayo solicitaron reuniones a legisladores argentinos, para indagar en documentación que le fue secuestrada a D'Alessio.

El sendero para el juicio político no aparece como sencillo, ante la necesidad de contar con los votos favorables de las dos terceras partes para avanzar.

A la comisión de Disciplina y Acusación la preside el senador justicialista Miguel Pichetto, y también la integran la diputada massista Graciela Camaño, el oficialista Pablo Tonelli, la radical Inés Brizuela y Doria, más el representante de los abogados Juan Pablo Más Vélez, los magistrados Juan Manuel Culotta y Alberto Lugones y el representante de la academia, Diego Molea.

El lunes, posible Mahíques realice la presentación e inicie el pedregoso camino de la intervención del Poder Ejecutivo por sobre el Judicial.