La cuestión ideológica y el vínculo con los Derechos Humanos del gobierno nacional actual, se sabe, no coincide con la gestión que comandará el país desde este martes.

Pese a esto, la decisión de la gestión de Mauricio Macri, de otorgar “una compensación económica” a familiares y a policías y militares que sufrieron heridas durante el ataque al Regimiento de Infantería de Monte N° 29 “Coronel Ignacio Warnes”, de Formosa, ocurrido el 5 de octubre de 1975, no parece una cuestión casual.

La cuestión se desprende del decreto 829/2019, publicado este lunes, el día previo a dejar el poder, y con la firma de las principales autoridades, desde el presidente al Canciller, pasando por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y otros diez funcionarios.

Sin marcar nociones de contexto político y militar, la norma aduce que “en democracia los conflictos deben ser resueltos en paz y a través del diálogo y, nunca por medios violentos”, lamenta que en el Congreso no se haya podido sancionar una ley, pese a la existencia de proyectos, y que “recordar y honrar a estos valientes hombres de la Patria es una responsabilidad y obligación del Estado nacional con la historia, con el presente y con el futuro de nuestro país; como así también ratificar nuestro compromiso con la República, la democracia y la negación de la violencia”.

Se remarca que, a más de cuarenta años de aquellos funestos hechos, el Estado “no había brindado ni los homenajes y honores correspondientes ni el reconocimiento económico merecido por tan honrosa tarea”, y agrega: “Aún cuando la pérdida de los seres queridos no puede ser reparada por ningún medio, es intención al menos ofrecer un reconocimiento de tipo económico que pueda mitigar el dolor, la angustia, la tristeza y la impotencia sufrida por tantos años de olvido”.

El Gobierno recuerda que en el hecho, perpetrado por la agrupación Montoneros vía una gran logística, fallecieron el policía de la Provincia de Formosa Neri Argentino Alegre, y “los siguientes integrantes de las Fuerzas Armadas: el Teniente Post-Mortem Ricardo Eduardo Massaferro, el Sargento Ayudante Post-Mortem Víctor Sanabria y los Cabos Post-Mortem Antonio Ramón Arrieta, Heriberto Dávalos, José Mercedes Coronel, Dante Salvatierra, Ismael Sánchez, Tomás Sánchez, Edmundo Roberto Sosa, Marcelino Torales, Alberto Villalba y Hermindo Luna”.

Hubo, a su vez, nueve atacantes muertos, y el Ejército fusiló a tres civiles que no habían intervenido, incluido un niño de 15 años. Ítalo Lúder, a cargo de la presidencia del país, dispuso luego los "Decretos de Aniquilamiento", que profundizaban la persecución política detrás de 'la lucha antisubversiva', que continuaría el proceso de la dictadura cívico-militar, que asumió en marzo del año posterior.

En tiempos posteriores al hecho, el Regimiento funcionó como un centro clandestino de detención.

El gobierno publica hoy el otorgamiento de una indemnización a sus herederos, “sustitutiva del valor vida, equivalente a la remuneración mensual de los agentes de Nivel A, Grado 0 del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional”, y abona un 40% de este cargo a quienes “hubieses sufrido lesiones graves”, y otro 30 por ciento a los heridos con lesiones gravísimas.