Mientras avanza el proceso de quiebra de la empresa Correo Argentino, luego del rechazo de la Justicia a la propuesta efectuada por los dueños de la compañía que adeuda pagos de la concesión desde hace más de 20 años y propuso abonar sólo el capital sin intereses ni actualizaciones, la sala B de la Cámara Comercial accedió al pedido de la empresa Sociedad Macri (Socma) y envió a la Corte Suprema el expediente para que resuelva si el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) tiene competencia en el caso.

La familia Macri, dueños de Socma, pretenden desplazar de la causa a la fiscala Gabriela Boquin y a la jueza Marta Cirulli al no estar de acuerdo con la quiebra de la exconsecionaria del Correo y ante la posibilidad de que el proceso sea extendido a las firmas accionistas, incluyendo a la propia Socma. Por eso, piden que la investigación recaiga en la justicia porteña donde creen que los magistrados podrían tener otro criterio.

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El pedido de Socma reabre la discusión sobre el posible traspaso de los tribunales nacionales a la Ciudad de Buenos Aires. Aunque ese traspaso nunca se hizo, ni se aprobó una ley al respecto. Según publica este miércoles el sitio pagina12.com.ar, el TSJ porteño vaticinó que eso ocurrirá en el futuro y se adjudicó así la posibilidad de intervenir hasta en el concurso de acreedores.

La nueva decisión de las Cámara integrada por María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, contadijo resoluciones anteriores habían reafirmado su competencia frente a la Corte porteña.

Los actuales accionistas de Socma son los hermanos del expresidente Mauricio Macri y los hijos de su hermana fallecida Sandra Macri. La mayor parte del paquete la tiene Gianfranco Macri, investigado en otras causas como presunto testaferro del expresidente.

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Si finalmente el pedido avanza y el TSJ porteño interviene, se tendrá que analizar que ocurre con Santiago Otamendi, quien integra el tribunal, pero fue exviceministro de Justicia de Germán Garavano durante la presidencia de Mauricio Macri y con Vivian de Langhe, nombrada en 2010 directora en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad, durante la administración de Macri en el gobierno porteño. Ambos casos podrían implicar causales de apartamiento.       

El pedido de Socma llega en momentos en que la Justicia investiga presuntas maniobras de vaciamiento, manipulación de las mayorías y otros fraudes llevados adelante por Correo Argentino y sus controladores, por lo que este tipo de movimientos podrían demorar el avance de estas investigaciones.

En la misma línea, si la Suprema Corte define que intervenga el TSJ porteño, eso podría permitir reabrir la discusión respecto del apartamiento de la actual jueza Cirull y la fiscala Boquin.

Fuente: pagina12.com.ar