Todavía los obispados reciben dinero del Estado por decisión del dictador Jorge Rafael Videla. En su momento firmó seis decretos de ley que otorgan privilegios a obispos y arzobispos. Al menos 13 de estas leyes-decreto benefician específicamente a la Iglesia católica y, sobre todo, al bolsillo de sus jerarquías.

Entre ellas se encuentra la ley 21.950 que establece que miembros de la iglesia gozarán de una asignación mensual equivalente al 80 % de la remuneración fijada para el cargo de Juez Nacional de Primera Instancia, hasta que cesen en dichos cargos. También la ley 21.540 que decreta que los arzobispos y obispos que cesen en sus cargos por razones de edad o de invalidez, gozarán de una asignación mensual vitalicia equivalente al 70 % de la remuneración fijada al cargo de Juez Nacional de Primera Instancia.

Se agrega a los curas en zonas de frontera una asignación mensual equivalente a la de la categoría 16 del Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, que es el “personal de ejecución”.

En comunicación con La Perra Vida de Radio Universidad, Pablo Vasco de la Organización Laicista Argentina (OLA) dijo que presentaron un anteproyecto de ley por iniciativa popular que propone, nuevamente, la derogación de estas normas. “Es un espacio que integran 50 organizaciones con una pluralidad de pensamiento. Desde organismos de DDHH, feministas, LGBT, pueblos originarios, incluso agrupaciones religiosas y otras ateos. Pedimos la derogación de esos decretos que con recursos públicos que aportamos de nuestros impuestos se pagan los sueldos de  153 obispos y arzobispos, 640 sacerdotes y 1200 seminaristas. Se financia a un culto determinado y lo consideramos antidemocrático.”, desarrolló el integrante de OLA.

Además Vasco aclaró que representan unos 200 millones de pesos y que hay otros cultos que también el Estado aporta por otras vías. “Se suponía que iban a reducirse año a año y no ocurrió. Hay un monto aún mayor que tiene que ver con las provincias y con sostenimiento de los colegios religiosos. En todo caso ese será también otro debate”, comentó el integrante de la Organización Laicista Argentina.

Sin embargo, la iniciativa popular está frenada porque debe llevar la rúbrica del Defensor del Pueblo de la Nación para ir hacia el Congreso. Pero ese puesto está vacante desde 2009 por una falta de acuerdo histórico en ambas Cámaras.

En referencia a las dificultades presentadas, Vasco mencionó que se acudió también al Poder Judicial y se presentó un amparo por la ausencia del Defensor del Pueblo. “El mismo recorrido hicimos con el Poder Ejecutivo. Fuimos a los 3 poderes del Estado para ver cómo se salda éste inconveniente para poder juntar las firmas. El Judicial a partir del fiscal dijo que es procedente el pedido, en el caso del Poder Legislativo el Senado derivó a la Comisión de Asuntos Constitucionales y dió ingreso al trámite. Y el Poder Ejecutivo comprendió el proceso irregular y se comprometió en estudiar el tema y reunirnos en 15 o 20 días. ”, finalizó.