La temporada estival, paralizada en sectores que van desde la Justicia a la administración pública, se encuentra siempre con su agenda pública limitada.

En tal sentido, en el gobierno nacional, asumiendo como una problemática cumplidos tres años de gobierno a la inseguridad, parece haber tomado la decisión de ir “midiendo” diversas temáticas que trascienden en los medios de comunicación.

Desde la creación de “un ejército de reservistas”, compuesto por civiles dispuestos a una formación militar y a actuar en casos de un presunto conflicto bélico, surgida del seno del Ministerio de Defensa, la cuestión pareció tener inicio.

Después intervino el siempre dispuesto Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, quien le apuntó a cuestiones medulares en el sector: los extranjeros y los menores de edad.

La experiencia del anticipo de la compra de pistolas Táser, en su carácter de no letales, para que tengan a disposición efectivos en lugares concurridos, parece haber dado, en la opinión pública, un margen positivo a la gestión oficial.

Así, Bullrich prosiguió su rutina instalando la existencia de un proyecto para bajar la edad de imputabilidad ante delitos graves (de 16 años a 15), haciendo hincapié en un régimen de Responsabilidad Penal Juvenil.

Ya era un hecho en los dichos, y la ministra también volvió a poner el ojo en los delitos cometidos por inmigrantes: la idea es acelerar trámites de deportación, debido a que, según sus datos, se incrementaron los crímenes federales en los que intervienen extranjeros.