El gobierno de Alberto Fernández ultimaba anoche los detalles del DNU que cede a los intendentes la facultad de sancionar de manera severa a los denominados negocios de cercanía y comerciantes que "aprovechan" la alta demanda de alimentos y artículos de primera necesidad para aumentar sus precios.

El proyecto establecería una delegación de facultades a los intendentes y los autorizaría a multar y hasta clausurar comercios que incrementen de manera "ilegal" sus precios, según informó La Nación.

También habilita a los jefes comunales a obligar a los comerciantes a sacar mercadería de sus depósitos si especulan y establece el control de las listas de precios máximos. La versión final estaría lista para publicarse hoy o a más tardar mañana en el Boletín Oficial.