Después del fallo de la Justicia jujeña que condena, en primera instancia, a trece años de prisión a la dirigente social Milagro Sala, desde el gobierno nacional ratificaron que la cuestión “se ajusta a derecho”.

Casi pasando por alto los tres años que Sala pasó en condición de prisión preventiva, sin una condena en tal sentido, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, salió rápidamente a afirmar que la cuestión “confirma nuestra posición ante organismos de Derechos Humanos”, en los que el Gobierno negó que haya “presos políticos”.

En la misma línea, Germán Garavano puso por encima el fallo, severamente cuestionado por la defensa de la dirigente de Tupac Amaru, por sobre el período de tiempo detenida: “En Argentina funciona la Justicia”.