En qué casos se aconsejó a jueces otorgar domiciliaria a detenidos
La gran repercusión por liberaciones que generaron controversias deviene de un pedido de la Cámara de Casación. Hasta el gobierno nacional debió intervenir en la cuestión.
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Era principios de abril cuando la cuestión tomó transcendencia en el país, ya en tiempos de pandemia y aislamiento. Había una necesidad de deshacinamiento de las cárceles, y un pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue uno de los argumentos.
La Cámara de Casación Penal hizo correr por los juzgados un documento donde, en virtud de la necesidad de cuidados sanitarios, recomendaba la utilización de “medidas alternativas al encierro” para determinados internos.
Que en la actualidad existan reclamos por personas condenadas por violación, o con causas graves, parecen ser casos puntuales.
La cuestión demandó tanta repercusión que hasta el presidente, Alberto Fernández, salió a aclarar su postura vía redes sociales.
A decir verdad, las recomendaciones para evitar correr riesgos de coronavirus en instalaciones del Servicio Penitenciario son puntuales, y demandan un examen exhaustivo de parte de los jueces de cada situación.
En aquel documento se dejó constancia para que se evalúen, entre otras alternativas la prisión domiciliaria, para “personas condenadas por delitos no violentos próximas a cumplir su condena”, o “con prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen riesgo procesal”.
También se recalcó que las decisiones se realicen “tomando en cuenta las características de cada proceso”, que se incluye a quienes tengan “penas de hasta 3 años”, o aquellos presos que estén “en condiciones legales de acceder en forma inminente a la libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional, cumpliendo requisitos anteriores”.
Se conocieron varios casos de mujeres embarazadas o que se encuentren detenidas con sus hijos, casos también presentes en el texto.
Eso sí, se aconseja tener en cuenta a los mayores de 60 años o que integren grupos de riesgo por contar con patologías graves de salud. “Se solicita evaluar si se puede proteger su salud estando detenidos”, se lee, aunque hay, fundamentalmente, que “considerar el tiempo cumplido de la pena y su gravedad”.