La cuestión parece lejana a un mentado ajuste, pero mientras tanto hay cierta incertidumbre. A la espera de lo que ocurra en el Congreso, con una jubilación mínima que se estira hasta $ 19.000 en diciembre con dos bonos de fin de año y la decisión del gobierno nacional de buscar una nueva fórmula para la actualización. Por eso dispuso la creación de una comisión, que resuelva la cuestión allá por junio próximo.

En ese camino, la gran discusión a la que se apunta es que “la redistribución del ingreso” también tenga impacto entre los pasivos. Para el abogado previsionalista Miguel Fernández Pastor, la chance de “acuerdos diferenciales” es lo que genera, en la actualidad, “un lobby de parte de los que más ganan” y, “particularmente de los súper privilegiados del Poder Judicial”, ya que “también se suspende su régimen especial”.

Entrevistado por el programa Nada del otro mundo, dice que “es impensado que la suba de marzo sea menor al 11%”, pensando en los costos políticos que conllevaría para la gestión de Alberto Fernández, y llevando tranquilidad: “La inquietud es fogoneada por los grandes medios. La suspensión de la fórmula de actualización no tiene ningún efecto en este momento, porque hay tres meses sin ningún movimiento. Por eso quieren boicotear el proyecto”.

Miguel Fernández Pastor - Nada Del Otro Mundo / FM 102.3

Leyendo la normativa oficial, dice que “la idea es darle un poco más a los que menos ganan y menos a los que más ganan”, y de allí vienen las críticas de quienes “pierden”. Su postura es tajante: “La diferencia la hacen los que más ganan, porque con la cuestión del 82% móvil (con salarios tan dispares) la diferencia de lo que cobran es muy grande. Y van a perder quienes ganan un procentaje mayor”.

Durante la charla con FM 102.3, apuntó: “Esto es todo lo contrario a un ajuste. Los jubilados se benefician con los medicamentos gratuitos, que conlleva una enorme trascendencia para la salud y el bolsillo, al igual que la suspensión del aumentos de tarifas”.