El caso que se vivió en Jujuy en las últimas semanas terminó con una tragedia: la muerte de una bebé prematura.

Se informó que el deceso fue a las 20:30 de este martes. Había nacido cuatro días y medio antes, con 700 gramos de peso, y permaneció ese tiempo en Neonatología.

La cuestión se inició en el pedido de una niña de doce años de San Pedro, Jujuy, violada presuntamente por un vecino sexagenario, para interrumpir un embarazo que llevaba casi 23 semanas.

Ante la negativa de profesionales médicos de llevar adelante un aborto, y con la intervención de Gerardo Morales en el medio, el Gobierno anticipó que se llevaría adelante la “interrupción del embarazo”, cumpliendo fallos precedentes de la Corte Suprema de Justicia.

Realizando un camino paralelo al protocolo de salud de la Interrupción Legal del Embarazo, se dio a conocer que “un equipo interdisciplinario” del Hospital Materno Infantil de San Salvador de Jujuy decidió, previa postergación de varios días, que una cesárea era “la mejor forma de preservar la salud” de la víctima.

El propio ministro de Salud provincial, Gustavo Bouhid, declarado “defensor de la vida”, remarcó que legalmente no estaba determinada “la práctica” con la que se debe interrumpir el embarazo, por lo cual consideró legal el procedimiento.

Desde la campaña por la Interrupción Legal del Embarazo, surgida en 2018 en medio del debate en el Congreso por el proyecto de ley, denunciaron desde un primer momento la “revictimización” de la niña, y solicitaron la renuncia de Bouhid.

En el medio, el gobernador Morales llegó a decir que “una familia importante” estaba dispuesta a adoptar a la beba.

La Fundación Huésped definió el hecho como “una maternidad forzada”.

Desde un primer momento, se adujo que el consentimiento de la madre y la niña víctima habían firmado, era bajo presiones oficiales.

La muerte de la bebé: de la “interrupción legal” vía cesárea a la tragedia