El Gobierno de la provincia de Córdoba adhirió formalmente este martes a la Ley Nacional 27.592, conocida con el nombre de Ley Yolanda Ortiz, en homenaje a la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina y Latinoamérica.

La iniciativa establece la obligatoriedad de la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible para todos los funcionarios públicos.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 548 que promulga la Ley 10.758 de adhesión a la norma nacional, publicado este martes en el Boletín Oficial.

La norma, que había sido sancionada el pasado 19 de mayo en la Legislatura Unicameral, obliga a la totalidad de los agentes públicos que se desempeñan en los tres poderes del Estado a capacitarse en temas ambientales.

“El objetivo de esta ley es incorporar la perspectiva ambiental para dar un salto de calidad en cuanto a las políticas públicas. Que, desde las más altas autoridades para abajo, todas las personas que se desempeñan en el ámbito público incorporen, en sus decisiones, una visión ambiental integral”, aseguró el día de su sanción el legislador oficialista, Franco Miranda, en su carácter de miembro informante y autor de una de las tres iniciativas que confluyeron en la ley.

La capacitación a impartir entre los agentes públicos de Córdoba deberá contener conocimientos referidos al bosque nativo, el cambio climático, el desarrollo sostenible y el Derecho ambiental. También a la economía circular y el reciclaje, la eficiencia energética, la gestión de residuos sólidos urbanos, el impacto ambiental de las políticas públicas y la preservación de áreas protegidas y recursos hídricos, entre otras temáticas.

La autoridad de aplicación será la Secretaría de Ambiente de la Provincia, o el organismo que la sustituya en sus competencias, teniendo a su cargo diseñar el contenido de las capacitaciones, que deberá ser “actualizado periódicamente a los fines de adecuar la temática e incorporar los conocimientos y prácticas de base científica que surjan en el futuro”.

La ley también obliga a la autoridad de aplicación a crear en su página web un acceso público para dar a conocer el grado de cumplimiento de las disposiciones.

También deberá contener en la web una reseña biográfica de la vida de Yolanda Ortiz, quien fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina y de América Latina, designada durante el gobierno de Juan Domingo Perón en 1973, en quien se inspiró la ley nacional sancionada por el Congreso Nacional en 2020.

La legisladora Silvia Paleo, firmante de otro de los proyectos compatibilizados, aseguró que “tal como ocurre con la Ley Micaela, y salvando respetuosamente las enormes distancias entre una temática y otra, es fundamental incorporar la formación ambiental, para poder conocer la normativa vigente, los estándares internacionales y dimensionar el impacto de nuestras acciones y decisiones”.