La cuestión lo tiene envuelto en una gran paradoja, nada menos que con la “división de poderes” en el medio.

En el marco de su investigación de “una red de espionaje ilegal” que consideró “de magnitudes”, el juez federal Alejo Ramos Padilla estuvo en el Congreso la semana pasada, y parece pagar la decisión de aceptar la invitación de la Comisión de Libertad de Expresión.

Rápidamente, el Ministerio de Justicia de la Nación le salió al cruce, anticipando el pedido de juicio político.

Con el propio Mauricio Macri confirmando que también es su voluntad apartarlo, porque “se ha mandado varias”, el magistrado se alista para una nueva visita al Poder Legislativo, citado por la comisión bicameral de Inteligencia.

Sin embargo, en las últimas horas recibió el espaldarazo del Poder Judicial.

Ante su pedido de contar con una mayor cantidad de recursos para llevar adelante el caso, este martes al Corte Suprema confirmó que hace lugar a la solicitud.

El allanamiento de los teléfonos y computadoras personales de Marcelo D’Alessio, gestor de una amplia red de tráfico de información de la que se nutrieron diputadas nacionales oficialistas y que le permitió incidir en causas judiciales, aparece por ahora como una caja de pandora a descubrir.