Queda claro que el proceso y la decisión política de liberar a un exvicepresidente de la Nación tiene, en el contexto, un gran peso. El mismo que analizó el juez Daniel Obligado, juez de ejecución del Tribunal Oral Federal N° 4.

Se trata del mismo magistrado que el pasado 27 de marzo había denegado el mismo pedido de la defensa de Amado Boudou, condenado el año pasado a 5 años y 10 meses de prisión por “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública” en la causa Ciccone.

El exvicepresidente fue trasladado este lunes por la noche a su departamento en Barracas, Buenos Aires, como parte del Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica.

Sobre él pesaba, según se desprende del fallo del magistrado, una prisión preventiva. Se niega la “firmeza de la sentencia condenatoria”, y reconoce que “aún el estado-situación de inocencia que resulta inherente a toda persona no se ha destruido”.

¿Qué cambió? Particularmente, la existencia de una recomendación de fallos judiciales que realizó días atrás la Cámara de Casación Penal, apuntando a otorgar beneficios, como la prisión domiciliaria, para casos en los que corresponda, y así evitar un hacinamiento mayor en los ya cuestionados centros penitenciarios.

El mismo es citado por Obligado, en “el contexto de emergencia sanitaria mundial por la Pandemia del Covid-19”, que “aconsejan morigerar el encierro dispuesto”.

Dejó en claro también la necesidad de tener en cuenta una solicitud de morigeración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.