Access Now, organización internacional especializada en los derechos de los usuarios en la era digital, presentó un pedido de acceso a la información pública sobre los sistemas de reconocimiento biométrico que ha comenzado a implementar el gobierno de Córdoba. (Ver: Ya funciona el móvil de reconocimiento facial: hay nueve prófugos detenidos).

A través de una solicitud formal, en la que señala la escasa información brindada por las autoridades sobre el funcionamiento de dicho sistema, así como falta de transparencia, la ONG plantea 58 interrogantes sobre cuatro ejes: cantidad y ubicación geográfica de las cámaras de video provistas del software para el reconocimiento facial; recolección y procesamiento de datos; información técnica sobre dicha recolección; utilización de los datos obtenidos; acciones que siguen los agentes gubernamentales ante las posibles alertas.

El pedido, dirigido al ministro de Gobierno de la Provincia, Juan Carlos Massei, se basa en la ley provincial 8803, que define el derecho de acceso al conocimiento de los actos del Estado. También cita los artículos 14, 32 y 75 de la Constitución Nacional, así como el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

"Buscamos conocer qué tecnología fue adquirida, cómo funciona, qué datos colecta y cómo se procesan, qué uso se le dará a esa información y a los resultados del sistema, y qué mecanismos serán implementados para evitar vulneraciones a los derechos humanos en riesgo; entre otras preguntas", explican desde la ONG. (Ver: La policía de Córdoba ya utiliza un camión “busca prófugos”)

"Cada vez más localidades en distintos países implementan cámaras de vigilancia, muchas de ellas con reconocimiento facial, con el objetivo de mejorar la seguridad. Sin embargo, esta tecnología está siendo discutida en todo el mundo por su impacto negativo en derechos humanos, con casos en los que ha sido directamente prohibida", añaden en su comunicación a la prensa.

“El uso de tecnologías de biometría para la vigilancia masiva, como lo son las cámaras con reconocimiento facial en las calles ponen en peligro la privacidad, la anonimización, la libertad de tránsito y destruyen la presunción de inocencia. Además, por recientes casos, vemos que abre la puerta a acciones discriminatorias, irregularidades y fraudes,” afirma Verónica Arroyo, asociada de políticas públicas en Access Now.

“Es alarmante la tendencia de implementar sistemas de reconocimiento facial en toda la región sin un hacer un debido análisis de su impacto y sin la transparencia necesaria sobre su funcionamiento. Esperamos obtener una respuesta satisfactoria a estas preguntas que nos permita hacer un debido análisis de impacto sobre derechos fundamentales”, amplía Gaspar Pisanu, analista de políticas públicas de Access Now.

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