En el Congreso, el juez Ramos Padilla habló de un espectro ilegal del que son parte periodistas, funcionarios políticos y judiciales.

La presentación de este miércoles del juez Alejo Ramos Padilla en el Congreso, convocado por la comisión de Libertad de Expresión, dejó mucha tela para cortar.

Es que de la primaria denuncia por “extorsión” que realizó el productor Pedro Etchebest sobre Marcelo D’Alessio, hoy detenido, pasó a indagar en “una red paraestatal de espionaje ideológico, político y judicial de grandes magnitudes”.

El particular interés del magistrado es la afectación “grave” del estado de derecho en el país, y los datos surgen de tener acceso a teléfonos y aparatos portátiles de D’Alessio, que invocó desde un título que no contaba como abogado hasta desempeñarse para agencias de inteligencia de varios países.

En el país, se paseó por programas de cable de Buenos Aires y publicó, al menos en los dos últimos años, siete columnas en diarios de gran tirada como “experto en narcotráfico”.

Por lo que se va deduciendo, las tareas de inteligencias están desde hace tiempo “vinculadas con el poder judicial, ministerios, fuerzas de seguridad, poderes políticos y medios de prensa”.

Ramos Padilla fue tajante al remarcar que la cuestión “puede poner en peligro las relaciones con países como Uruguay, Venezuela, Irán, Israel y Estados Unidos”, ya que el implicado adujo desempeñarse para servicios de esos territorios, y adujo que en diversas causas judiciales contra exfuncionarios, “apretaban gente para declarar".

En el secuestro en el domicilio de D’Alessio se hallaron membretes de la representación diplomática norteamericana en la Argentina (el juez adujo haber solicitado una respuesta en tal sentido y que no la recibió) y del ministerio de Seguridad israelí.

La pérdida de secreto de sumario de la causa se produjo con el pedido de competencia que reclamó en el caso el juez federal Julián Ercolini, que para el magistrado fue “sin conocer el objeto procesal” de la causa.

El caso ya tuvo la declaración de los periodistas Romina Manguel y Alejandro Fantino, sobre quien se realizó “un espionaje ideológico” según los datos recogidos. Pero también aparecen los trabajadores de la prensa Rodrigo Alegre, Eduardo Feimann y Rolando Graña.

Daniel Santoro tenía también una relación con el detenido, y de hecho adujo que fue una de sus fuentes para su libro “El mecanismo”.

El Frente Para la Victoria cuestionó a las diputadas de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Paula Olivetto, ausentes en el cónclave.

Sobre ellas se dieron a conocer estrechos vínculos con D’Alessio y “fueron usuarias” de los informes de inteligencia en cuestión. Para graficar la cuestión, Ramos Padilla emitió el audio de una comunicación telefónica del implicado y Olivetto.

Rápidamente, Elisa Carrió salió a responder con ironía que la quieren “ver presa”.

Este miércoles, y ante las acusaciones de “kirchnerista”, el juez justificó en su compromiso “con el Estado de derecho” su participación en marchas del 24 de marzo, “Día de la Memoria”, y recordó haberse movilizado junto a excombatientes de Malvinas pidiendo celeridad en la identificación de las tumbas NN en las islas.

Se separó de la intervención de funcionarios judiciales, sean fiscales o jueces, en actividades que realiza la embajada estadounidense en el país. La alución fue para Claudio Bonadío y Carlos Stornelli, a quien se ocupó casi de separar de la denuncia de “extorsión”.

Al respecto, aclaró: “Las relaciones internacionales deben estar en manos del ministerio de Relaciones Exteriores”.