Un hecho fundamental que reforzó a la joven democracia que pretendía enjuiciar los crímenes cometidos durante la dictadura.

El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal – en el juicio a las Juntas Militares del golpe del ’76 – había condenado a Jorge Videla y Emilio Massera a reclusión perpetua con destitución; a Roberto Viola, a 17 años de prisión, Armando Lambruschini a 8 años de prisión, y Orlando Agosti a 4 años y 6 meses de prisión; todos con destitución. Fueron absueltos Graffigna, Galtieri, Lami Dozo y Anaya.

Habían pasado dos años desde que el presidente Raúl Alfonsín ordenara someter a juicio sumario a los 9 jefes de más alto rango de las tres armas que comandaron la dictadura cívico-militar.

Un año más tarde, en diciembre de 1986, ante la inacción de la Justicia Federal en tramitar las otras causas por violación a los derechos humanos (privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, desapariciones, robos de bebes y homicidios) y el clima de “inestabilidad” que se acrecentaba en las Fuerzas Armadas, el gobierno de Alfonsín hizo aprobar la denominada Ley de Punto Final por la cual a todo militar que no estuviere prófugo o declarado en rebeldía y que no fuese llamado a declarar en los próximos 60 días, se le extinguía la acción penal. Se exceptuaba de la extinción al delito del robo de bebés.

La sanción de esa ley generó una avalancha de denuncias presentadas por sobrevivientes y familiares de desaparecidos, forzando la suspensión de la feria judicial y obligando al procesamiento de por lo menos 300 oficiales de alto rango. Se pretendió dar un corte a los procesos y por el contrario se abrieron las puertas de tribunales lo que llevó a buena parte de los militares a oponerse a las citaciones y declararse en rebeldía frente a la cúpula militar designada por Alfonsín en democracia.

El martes 14 de abril de 1987, el mayor Ernesto Barreiro se negó a prestar declaración ante la Cámara Federal de Córdoba, imputado por torturas y asesinato a militantes secuestrados en el Centro Clandestino de Detención de La Perla. Al día siguiente, protegido por su superior el Teniente Coronel Luis Polo, se amotinó dentro del Regimiento de Infantería Aerotransportada 14 del Tercer Cuerpo de Ejército camino a La Calera. Ese miércoles con él se sublevaron un centenar de militares y así comenzó el primer levantamiento “carapintada” en el inicio de la Semana Santa de ese año.

Edición periodística:
Jorge Navarro y Daniel Díaz

Edición documental:
Marcos Pedrosa