La reciente detención y liberación de cuatro socorristas en Villa María puso de manifiesto la importancia de garantizar el acompañamiento de las personas gestantes al momento de ejercer su derecho a la interrupción de su embarazo. En Argentina, la ley que garantiza este derecho fue sancionada en diciembre del 2020 y el próximo enero se cumplirán dos años desde su aplicación. 

Diversos grupos, feminismos y organizaciones participaron en la lucha colectiva para lograr que el proyecto tomara fuerza de ley. Una de ellas fue Socorristas en Red (SenRed), quienes desde 2012 han impulsado su llegada al Senado de la Nación, y que dos años más tarde, adquieren un “claro sentido” de propósito alrededor del acompañamiento de las personas gestantes en su decisión de interrumpir un embarazo. 

La SenRed está compuesta por heterogéneas activistas, colectivas y grupos feministas que, junto con el amplio movimiento de mujeres, los movimientos sexo-genéricos, investigadores, personal de salud y otros sectores sociales proponen campañas de trabajo en torno a la salud sexual reproductiva. 

“Desde el inicio somos una red pública, porque si hay algo que nos interesó fue desclandestinizar el aborto, despatologizarlo y crear prácticas, políticas y teorías sobre cuidados feministas en esta red”, destacó Ruth Zurbriggen, miembro y activista de la SenRed. 

Una de sus campañas más reciente es ‘El derecho a abortar es Ley’, que está disponible en su página web, y pretende brindar información para resolver las dudas más frecuentes alrededor de esta práctica, para acompañar a quienes deciden ejercer su derecho a la interrupción de un embarazo. 

Según explica Ruth, la aplicación de la ley es “muy desigual” en las diversas jurisdicciones del país, como así también con amplias diferencias entre el sistema público y el privado. “Estos dos años, han sido de exigencias a las obras sociales y prepagas para que garanticen programas de cobertura, algunos lo están haciendo, otras todavía no. Y por eso hay que seguir trabajando para hacer cumplir la ley”, agrega.

La Socorristas en Red, actualmente, está integrada por activistas en diferentes provincias y ciudades del país. “Todas las colectivas tenemos autonomía en nuestro funcionamiento, nos encontramos juntas en la construcción de acompañamientos cuidados, amorosos y afectados”, cuentan. 

Este viernes 30, la SenRed junto a otros colectivos invitan a participar de un ‘pañuelazo' frente al Patio Olmos en el centro de la ciudad de Córdoba. Será a las 18 horas, en conmemoración al segundo aniversario de la sanción de la ley 27.610 (Interrupción Voluntaria del Embarazo).

Del Instagram de socorristascordobahilando

A dos años de la IVE, deudas y saldos pendientes

A julio de 2022 el registro de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva indica que se practicaron 73.487 abortos en el país. Pero uno de los datos clave para comprender esa cifra es la segregación por provincia, que demuestra las inequidades existentes para su acceso en todo el territorio.

En principio, desde julio de 2021 hasta el más reciente, la provincia de Buenos Aires se constituyó como la jurisdicción que más abortos realizó. Algo comprensible por factores demográficos y cantidad de población, aunque debe considerarse que hay provincias que no alcanzan la media nacional. 

VER: Obstétricas y parteras, en la cruzada por una ley que las reconozca en Córdoba

En todo el país, la tasa nacional de IVE/ILE por mil mujeres en edad fértil creció y fue del 5,59%. Sin embargo, la situación difiere según la jurisdicción. Por ejemplo, Formosa se ubica muy por debajo del promedio, con alrededor de un 1,69%, mientras que La Pampa alcanza un 12,18%. 

Esta variación indica que el acceso al derecho al aborto no es el mismo en todo el país. Allí es que activismos como la SenRed cobra mayor importancia para la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Por otro lado, el mismo informe observa que el servicio de salud pública cuenta con más de 6,5 mil hospitales y centros de salud distribuidos en todo el país pero solo 1.327 garantizan estas prácticas, apenas un 20% hasta el momento. 

Acerca de este escenario, Eugenia Ferrario, activista y miembro de la SenRed, expresa que hay dos grandes desafíos para lograr el acceso equitativo de este derecho en todo el país. 

“Por un lado hay que considerar la formación de profesionales idóneos, que el aborto sea un contenido de las carreras de medicina, de enfermeria, que no sea más un tema tabú. Y la otra cuestión fundamental es una estrategia de comunicación federal, que ponga al aborto en el mismo lugar que la vacunación y otras prevenciones, una estrategia de comuniación fuerte de parte del Estado”, explica. 

Sobre esto último, Ruth agrega que la falta de información para las personas gestantes es “una gran deuda pendiente” por parte del Estado en el cumplimiento de la ley.  

“La información no sólo es importante dentro de los centros de salud, hospitales, y demás, sino en campañas masivas en diversos lugares y formatos. Esto es importante no sólo para quienes necesitan acceder sino para trabajar también contra las narrativas de estigmatización, culpabilización y vergüenza”, añade.