Desde aquel marzo pasado, cuando días después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la pandemia por coronavirus y Argentina iniciara su Aislamiento obligatorio, el transporte interurbano de pasajeros fue disminuido al mínimo por el gobierno nacional.

Buscando evitar una circulación masiva, sólo se autorizó que funcionen los servicios de hasta 60 kilómetros distantes de la ciudad de Córdoba y grandes urbes.

Sin embargo, la falta de pago de parte de las empresas y la inacción del gobierno provincial como poder concedente derivó en un paro que acumula 218 días. En plena emergencia, miles de cordobeses que desarrollan actividades esenciales se quedaron sin poder movilizarse.

La estimación es que, en las condiciones que debía prestarse el servicio, sólo funcionaría al 10 por ciento. Pero los trabajadores no toleraron los incumplimientos y los funcionarios aún esperan la llegada de subsidios nacionales.

La situación, hoy

Este martes hubo novedades, que llegaron con la Decisión Administrativa 2057/2020 de la Jefatura de Gabinete.

Puntualmente, porque se determinó la excepción de su prohibición a "las personas autorizadas y actividades alcanzadas" por el servicio tanto de ómnibus como de por vía ferroviaria o aérea.

Desde AOITA, el secretario general Emiliano Gramajo valoró que los trabajadores "fuimos los únicos que quisimos que el sistema funcione", cuestionando a empresas y la Provincia, además de que "siempre quisimos explicarle al usuario qué pasaba".

En su estimación, "la normalidad empezará a recuperarse a partir del 4 de diciembre", por los recientes anuncios del gobernador Juan Schiaretti respecto al turismo, aunque sólo regresaría a la actividad el 25% del total de los trabajadores.

"Este conflicto ha sido interminable e impensado. Nosotros decretamos un paro en abril y terminó siendo una conveniencia para los empresarios y el Gobierno. Estamos con una gran desesperación", concluyó.