Luego de una maratónica sesión en la cámara de Diputados, que dejó como saldo la media sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, se define cómo será el esquema dispuesto a futuro con el objetivo puesto en el 29 de diciembre para su votación en el Senado de la Nación.

Este lunes por la mañana comenzará el debate en el recinto, que tendrá como figuras principales al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

El plan de trabajo prevé que se lleven a cabo cuatro plenarios de las comisiones a las que fue girada la iniciativa: Banca de la Mujer; Justicia y Asuntos Penales y Salud, presididas respectivamente por los oficialistas, Norma Durango y Oscar Parrilli y el senador de Juntos por el Cambio, Mario Fiad.

Se espera que el dictamen se logre rápidamente, ya que el oficialismo tiene quórum y mayoría absoluta en dichas comisiones.

Cabe destacar que en el año 2018 el proyecto de ley recibió la aprobación en la Cámara de Diputados y posteriormente recibió la negativa del Senado, que lo rechazó por 38 a 31, con dos abstenciones y una ausente.

Este año desde el Frente de Todos perciben un optimismo superior a aquel año para que el proyecto pueda pasar el filtro de la Cámara alta, aunque no quieren generar falsas expectativas ni dar los nombres de algunos legisladores que podrían rever su voto.

Además desde el oficialismo, mencionan que pesará en la decisión de los legisladores del Frente de Todos que el proyecto sobre IVE haya sido impulsado por el gobierno de Alberto Fernández.

Más sobre el proyecto

El proyecto de legalización del aborto permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, a la vez que habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica médica.

El plazo de la semana 14 no se aplicará cuando el embarazo fuera producto de una violación, en los casos de menores de 13 años o si estuviera en riesgo la vida.

En los casos de los menores de 16 que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y que concurra acompañado por un familiar o un referente afectivo, mientras que las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.

En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo, deberá disponer la derivación a otra institución, según contempla el proyecto.

Fuente: Télam