Con la reunión de comisiones realizada, culminó la primera etapa de la discusión del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la semana 14, que comenzó el último martes con las exposiciones de los ministros de Salud Gines González Garcia, de Mujeres, Géneros, y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra.

El debate

La diputada oficialista Verónica Caliva, de Salta, celebró que finalice este año "tan particular" con el desarrollo del debate en torno al proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y destacó que así se le está dando "cumplimiento a un compromiso del contrato electoral".

Luego, la diputada Patricia Mounier, del Frente de Todos por Santa Fe, expuso fundamentos a favor de la iniciativa y resaltó la necesidad de avanzar prontamente con la legalización.

Alcira Figueroa, también del Frente de Todos -que reemplazó al salteño Juan Emilio Ameri, expulsado después de un escándalo sexual en una sesión- hizo referencia a los miles de casos que se registran en ese provincia por abortos clandestinos.

También, el diputado por La Pampa, Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos) hizo referencia al Código Penal de 1921, “que fue sancionado por hombres blancos” y sostuvo que “no es cuestión de mayorías, encuestas, plebiscitos, es cuestión de derechos”.

“A nosotros los varones nos compete una tarea de acompañamiento lisa y llana. Tenemos que acompañar a la mujer en su decisión”, indicó.

Asimismo, la diputada del Frente de Izquierda, Romina Del Plá consideró que “este debate tiene una urgencia y una necesidad absoluta” y pidió “destrabar todos los obstáculos para que la educación sexual integral sea realmente sea laica y científica”.

Con cifras de la organización Socorristas en Red, la bonaerense Jimena López (Frente de Todos) detalló que en este año se recibieron “13 mil llamadas” de mujeres o personas gestantes con la decisión de abortar. De ese número, el 53% vivió situaciones de violencia que no denunciaron; 12 mil personas tenían entre 20 y 40 años; el 22,3% no tiene trabajo remunerado; y el 28% mujeres que están informalizadas; puntualizó.

La diputada indicó además que el 56% no llega a cubrir un Salario Mínimo, Vital y Móvil; que el 30% de esas personas cobran la AUH o algún tipo de plan; y que el 70% no posee cobertura médico-asistencial u obra social.

Hacia la tarde, inició la sesión la diputada nacional Brenda Austin por el partido UCR – Córdoba. Allí expuso sobre la postura del  aborto como derecho humano y sobre los argumentos que se vienen dando en Comisión y en el debate del 2018.

“Casi 870 hay un montón de elementos que tienen que ver con la evidencia científica disponible, que le permiten a nuestro país dar un paso adelante y sancionar la legislación que sea compatible con el derecho internacional de los derechos humanos. Digo esto en el convencimiento absoluto de que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son derechos humanos. Están protegidos por nuestra Constitución y merecen que el congreso legisle en consecuencia”, dijo.

Además, la diputada argumentó sobre el rol que tuvo la iglesia cuando se debatió sobre el voto femenino, la potestad compartida, la ley de divorcio y la ley de salud sexual y reproductiva: “En 1947 cuando se discutía el voto femenino, un sector de la iglesia decía que la emancipación femenina ponía en riesgo la jerarquía familiar. Cuando en 1985 se discutió la patria potestad compartida, dijeron que se alteraba un orden natural que dependía de Dios. En 1987 con la Ley de Divorcio, dijeron que la familia era una garantía de esperanza. En 2002 con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, la rueda de enlace de ongs pro vida, dijeron que con estas leyes, lo que se lograba era aumentar la promiscuidad, las enfermedades de transmisión sexual y que los adolescentes se inicien sexualmente cada vez más temprano”.

Por su parte, Carolina Gaillard, diputada nacional por la provincia de Entre Ríos por el Frente de Todos apuntó sobre el rol del Estado y el sistema de salud: “Despenalizando no alcanza, necesitamos un sistema de salud que esté presente, que acompañe a la mujer que decida interrumpir su embarazo. La consejería previa y post aborto. Un sistema de salud presente para darle reglas claras a los profesionales de la salud para poder tener herramientas de abordaje integral. Un sistema de salud que pueda adaptarse a las particularidades del territorio”. 

Acerca de la postura que se tiene en el debate, la diputada Gaillard expresó: “Acá el debate no es si es aborto si o aborto no. Acá el debate es si aborto legal o aborto inseguro porque los abortos se van a seguir practicando y si no lo regulamos, va a haber un mercado ilegal y los médicos que realizan abortos en clínicas privadas lo van a seguir haciendo. Si nosotros no lo legalizamos, somos responsables de las muertes que se realizan por abortos clandestinos. por eso hay que legislar. El mundo ha legalizado y no ha habido más abortos, si disminuyeron las muertes por abortos clandestinos y si se transforman en sociedades más democráticas y más justas”. 

Camila Crescimbeni, diputada por el bloque PRO por la provincia de Bs As, habló sobre la empatía: “El proyecto de IVE no se tiene que agotar en este proyecto. Tenemos que animarnos a hablar, a poner las cartas sobre la mesa, a trabajar sobre ESI. LA ESI es una ley y una realidad. Sabemos que adolescentes y jóvenes dicen que tienen una educación muy mala y la información que buscan la buscan en internet. Es muy importante tener información, porque eso es poder. Tenemos que hacer carne la ESI en nuestras provincias”. 

Nicolás del Caño, diputado Nacional por el PTS- Frente de Izquierda exigió la separación de la iglesia y el Estado: “La lucha por el aborto es parte de una pelea por la igualdad real en todos los terrenos. El capitalismo se vale del patriarcado para someter a las mujeres a una mayor explotación, a los empleos más precarios, a los salarios más bajos y a tener que cargar con las tareas domésticas y de cuidado que nos son remuneradas”.

Fuente: Télam / Parlamentario / FM La Tribu / Cba24n