Las comisiones de Mujeres y Diversidad y Legislación del Trabajo de la Cámara de la Cámara de Diputados emitieron este jueves un dictamen sobre los proyectos de inclusión laboral para personas personas travestis, transexuales y transgéneros, donde se establece que el Estado deberá contratar al menos el 1% de la dotación de la administración pública, una lucha de años de organizaciones LGBTIQ que culminó con aplausos.

El dictamen cosechó un amplio respaldo político ya que fue apoyado por el Frente de Todos, bloques provinciales, la izquierda y la mayoría de los diputados de Juntos por el Cambio, aunque la principal bancada opositora planteó algunas disidencias parciales por los diputados radicales Albor Cantard, Soledad Carrizo, Fabio Quetglas, Dolores Martínez y Estela Regidor; la macrista Natalia Villa; y la legisladora de la izquierda Romina Del Plá.

En tanto, Mario Arce, Estela Regidor (UCR); Alicia Terada, Mónica Frade (CC-ARI); y Alejandro García (Pro) se abstuvieron en la votación, realizada a viva voz en el final del encuentro.

El texto consensuado establece que el Estado nacional "debe ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes".

"A los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo en los términos de la presente Ley", dice otro de los artículos.

Al iniciar el debate, la presidenta de la comisión de Mujeres, Mónica Macha (Frente de Todos), sostuvo que la iniciativa busca "la incorporación al ámbito laboral formal de muchas compañeras travestis para pensar en otros proyectos laborales y que implican dejar de lado la prostitución como actividad de supervivencia".

"Hay temas que no pueden esperar porque tenemos una deuda enorme, por eso es fundamental que podamos avanzar en este proyecto", apuntó.

En ese sentido, la presidenta de la comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley, recordó que se trata de "una larga lucha de todo el colectivo trans", al destacar la importancia de que la iniciativa "se convierta en ley y en derecho" para "conseguir la efectiva incorporación laboral de las personas trans y travestis" al trabajo.

"Es fundamental en esto la participación de las organizaciones sindicales", afirmó Siley, al señalar que "el rol del Estado es equilibrar las desigualdades sociales".

Por su parte, la diputada cordobesa por Frente de Todos, Gabriela Estévez, manifestó: “Hoy hemos dado un paso enorme hacia la inclusión del colectivo travesti trans. El dictamen que aprobamos en comisiones cuenta con un enorme consenso parlamentario y de las organizaciones de la sociedad civil. Aborda la problemática de la discriminación laboral de manera integral generando políticas públicas para el empleo público, el empleo privado y el emprendedurismo, garantizando la inclusión laboral de las personas travestis y trans de manera que puedan desarrollar su propio proyecto de vida sin verse obligadas a migrar a las grandes ciudades. Con este dictamen estamos más cerca de tener Ley”.

Estévez es Vicepresidenta 2° de la Comisión de Mujeres y Diversidad y autora del proyecto de Ley impulsado junto a la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, el cual fue presentado por primera vez en 2016 y representado en 2018 y 2020.  

También, la diputada del PRO Silvia Lospennato, vicepresidenta de la comisión de Mujeres y Diversidad, puso de relieve la importancia del decreto del presidente Alberto Fernández de cupo laboral en la administración pública y sostuvo que "es importante dar el debate para avanzar y llegar cuanto antes con la ley".

La demanda de las organizaciones

Si bien este fue un paso más que importante ahora se busca que esos proyectos se conviertan en ley.

“El colectivo trans se encuentra en situación de emergencia social. 9 de cada 10 no tenemos empleo registrado, lo que nos priva de otros derechos como la salud, ya que no tenemos obra social, y la vivienda. La única alternativa para la mayoría de nuestro colectivo es el trabajo sexual, que viene de la mano de la violencia ejercida por la policía y los clientes, además de la exposición de la propia salud. Todo esto hace que nuestra expectativa de vida sea de entre 35 y 40 años. Por eso necesitamos que sea Ley cuanto antes. Nuestro colectivo no puede esperar más”, explicó Karín Tuma, activista de Devenir Diverse y Secretaria de Identidades Trans de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias. 

En la misma línea, Thiago Galván, militante de La Bisagra y Secretario de Identidades Trans de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias dijo: “El Estado es responsable de la violación de nuestros Derechos Humanos y tiene la obligación de reparar tanto dolor e injusticia. La Ley de Identidad de Género vino a reconocer nuestro derecho a la identidad autopercibida y a la salud integral, pero la inclusión socio-laboral es una cuestión pendiente para con nuestro colectivo. El Presidente y la Vicepresidenta ya decretaron el cupo en la Administración Pública y el Senado, lo que nos indica que hay voluntad de avanzar. Pero necesitamos que se apruebe la Ley, para incluir también al sector privado, y que sea un derecho en todo el territorio nacional”.