El 25 de Agosto de 2009, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la penalización de la tenencia de marihuana para consumo personal mediante el Fallo Arriola.

La sentencia modificó la Ley de Estupefacientes N° 23.737, sancionada en 1989. El segundo párrafo del artículo 14, que fue considerado inconstitucional, indicaba: "La pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal".

Sin embargo, declarar la inconstitucionalidad de la penalización de la tenencia no es lo mismo que declarar la despenalización del consumo. Tras el fallo, era necesario un modificar las leyes y las políticas del estado sobre el consumo de drogas.

La Corte, en el Fallo Arriola, llamó a "exhortar a todos los poderes públicos a asegurar una política de estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables".

Durante diez años, hubo varios proyectos en el Congreso que apuntaban a despenalizar el consumo de drogas.

En 2012, un proyecto del Frente para la Victoria, la Unión Cívica Radical y el Frente Amplio Progresista fue el intento más claro para legalizar la tenencia de drogas y el cultivo de cannabis para consumo personal.

Sin embargo, el proyecto no logró el consenso necesario y se planteó la necesidad de que para despenalizar el consumo era necesario generar políticas de prevención y asistencia contra la drogadicción.

De esta manera se sancionó la Ley Nº 26934 para la creación del Plan Integral para el abordaje de los Consumos Problemáticos (Iacop) en 2014. Sin embargo, nunca fue reglamentado por la gestión de Cristina Fernández ni Mauricio Macri.

Por otro lado, el Estado, a falta de nuevas leyes y políticas, continúa persiguiendo a consumidores.

Un trabajo estadístico del fiscal federal Federico Delgado reveló que en 2018  el 65% de los expedientes abiertos durante un turno con las fuerzas de seguridad fueron por "consumo personal". Todos los expedientes terminaban archivados, consumiendo tiempo y recursos al Poder Judicial.

Un anteproyecto de reforma al Código Penal plantea incorporar la no punibilidad en el consumo drogas.

Sin embargo, la no punibilidad debe estar dado por el uso personal, la poca cantidad de droga y el consumo en un ámbito privado. 

Bajo el lema "Acompañe. No castigue", más de 90 organizaciones sociales y de derechos humanos, centros asistenciales, asociaciones de usuarias/os, cátedras universitarias, asociaciones de profesionales e instituciones de todo el país, exigen la reforma de la Ley de Estupefacientes 23.737

Desde la ONU, afirmaron que la "guerra contra las drogas" fracasó y que es necesario aplicar políticas tendientes a asistir a las personas en casos de drogadicción.