La legalización del aborto está en pleno debate. Con el dictamen aprobado en Diputados, se comienza otra jornada histórica en la que se espera que, como en 2018, se apruebe la media sanción y pase a Senadores.

En este marco, Gabriela Estévez, diputada del Frente de Todos por Córdoba, expresó sensaciones en la previa en Crónica Matinal de Canal 10. Por un lado, sobre los tres cambios propuestos con respecto al proyecto de 2018 la diputada explicó que son para construir consenso con el objetivo de que el proyecto de la ley avance.

De esos tres puntos, el más importante quizás es la objeción de conciencia, que explica que los médicos pueden negarse a acatar la hipotética ley y no realizar el aborto. Si esto sucede, deben derivar a la mujer embarazada a una institución donde sí le realicen la práctica.

Esta consigna no solo no estaba presente en el proyecto de ley en 2018 sino que no estaba contemplado tampoco en el texto enviado por el oficialismo.

Por otro lado, Gabriela Estévez remarcó la forma en la que se realizarían los abortos en caso de legalizarse: "En todo el proyecto la práctica de interrupción voluntaria del embarazo está transversalizada de manera medicamentosa, ese tipo de práctica es la que se intenta que impere porque es la más segura y no conlleva internación ni quirófano

Además, la diputada por Córdoba manifestó la importancia de poder regular y controlar la cantidad de abortos mediante la legalización:

"No hay datos oficiales de abortos porque sucede en la clandestinidad y esa es otra de las cosas que tenemos que poner en discusión"

Aunque por este motivo no hay datos oficiales, Estévez afirmó que la estimación es que cada año suceden 40 muertes por abortos clandestinos, siendo una de las principales causas de muerte materna: "Hay 40.000 mujeres al año que tienen un ingreso hospitalario a causa de un aborto mal practicado".

En total, según marcó la diputada, la cantidad de abortos realizados por año es de 370.000 hasta 520.000. Ante esta situación, manifestó que "el Estado no tiene participación y no puede generar una política pública porque para eso necesitás datos oficiales"

Por último, Estévez cerró reflexionando sobre el rol que debe tener el gobierno en esta situación: "Entendemos que el Estado tiene que acompañar para que esta práctica sea segura y garantizar el derecho humano de la salud".